Una veeduría ciudadana anunció que radicará un derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la conducta del representante a la Cámara Duvalier Sánchez, tras un video grabado en la Gobernación del Valle del Cauca en el que lanzó acusaciones generalizadas de corrupción contra funcionarios del departamento.
La solicitud será presentada por el veedor ciudadano Angello Vásquez, quien advirtió que el episodio “no constituyó un ejercicio legítimo de control político”, sino una acción orientada a generar impacto en redes sociales que derivó en confrontaciones, insultos y un ambiente de tensión dentro de una entidad pública. En su criterio, la actuación del congresista promovió “odio y confrontación política”.
De acuerdo con la veeduría, el congresista llegó a la sede de la Gobernación con un megáfono, realizó señalamientos contra funcionarios a quienes calificó de “corruptos” y “ladrones”, y registró la escena en video. Sin embargo, Vásquez señaló que el material difundido omitió momentos clave, como la salida de varios funcionarios que exigieron respeto y solicitaron que se presentaran pruebas, así como la disposición de secretarios de despacho para atender al congresista y acompañarlo a la Fiscalía si existían denuncias formales.
Para el veedor, esa omisión buscó sostener la narrativa de que “nadie dio la cara”, cuando, según afirmó, sí hubo disposición institucional para escuchar y tramitar cualquier señalamiento por las vías legales. “Lo que se mostró fue solo una parte de los hechos”, aseguró.
Vásquez sostuvo que en Colombia los funcionarios elegidos por voto popular están sujetos a responsabilidades éticas, disciplinarias y penales, y que su conducta pública debe ajustarse a principios como la moralidad administrativa, el respeto por la dignidad humana y la convivencia pacífica. En ese marco, recordó que los servidores públicos no pueden incitar a la violencia, promover escenarios de confrontación ni lanzar acusaciones sin sustento probatorio.
El veedor advirtió que el contexto político y de seguridad del país exige mayor responsabilidad en el discurso público. Recordó que durante campañas recientes se han registrado ataques contra escoltas de congresistas, amenazas, zonas vedadas para hacer política por presencia de grupos armados y muertes relacionadas con procesos electorales. En ese escenario, consideró grave el uso de un lenguaje estigmatizante contra funcionarios públicos.
“Así no se hace la política. Menos en un país donde las campañas ya tienen muertos encima”, afirmó Vásquez, al señalar que las acusaciones masivas sin pruebas pueden configurar conductas como injuria o calumnia y agravar el clima de confrontación.
El derecho de petición que será presentado ante la Procuraduría solicita evaluar si la conducta del congresista se ajustó a los deberes éticos de los servidores elegidos por voto popular, determinar si hubo un uso indebido de la investidura para generar presión mediática o confrontación, y analizar si las expresiones utilizadas pueden constituir faltas disciplinarias. También pide un pronunciamiento sobre los límites del control político cuando este se ejerce a través de redes sociales.
Vásquez insistió en que el control político es legítimo y necesario, pero debe ejercerse con pruebas y a través de los canales institucionales. “Generalizar acusaciones y llevar seguidores a escenarios de confrontación no fortalece la democracia”, sostuvo.
La decisión ahora queda en manos de la Procuraduría General de la Nación, que deberá determinar si los hechos ameritan la apertura de una investigación disciplinaria o un pronunciamiento institucional sobre el caso.