Colombia tiene menos margen del que necesita para prepararse ante el fenómeno de El Niño. Las advertencias expuestas durante el Congreso de Andesco, realizado entre el 23 y el 25 de septiembre en Cartagena, dejaron sobre la mesa una preocupación que atraviesa a todo el sector de los servicios públicos: el país se aproxima a un periodo de alta vulnerabilidad en el que la energía eléctrica, el suministro de gas y la disponibilidad de agua estarán sometidos a una presión simultánea.
Las cifras presentadas por el Ministerio de Minas y Energía revelan la dimensión del desafío. El sistema eléctrico tiene comprometida una cantidad de energía firme inferior a la demanda esperada, mientras cientos de proyectos de generación y transmisión acumulan retrasos que comprometen la entrada oportuna de nueva capacidad.
A este panorama se suma una autonomía de gas que apenas alcanza para 5,9 años con las reservas probadas actuales y un escenario de desabastecimiento de agua que amenaza a cerca de la mitad de los municipios del país.
Durante el encuentro, que reunió a unas 4.000 personas y tuvo más de 90 conferencias sobre tarifas, transición energética, gas, agua, saneamiento, inversión, regulación e inteligencia artificial, la confiabilidad de los servicios públicos se convirtió en uno de los principales ejes de discusión.
El documento presentado por el Ministerio de Minas y Energía, titulado Seguridad energética ante El Niño, esfuerzo colectivo de toda una nación, elaborado con base en el Boletín 360 de XM del 18 de septiembre, advierte que el faltante de energía firme comprometida asciende a 8.030 GWh-año para la vigencia 2026-2027, equivalente al 8,6 por ciento de las necesidades previstas.
Para 2027-2028, la brecha se ubica en 7.841 GWh-año, un 8,3 por ciento. Hacia el final de la década, el déficit supera el 10 por ciento.
El diagnóstico de la cartera es contundente frente al alcance del problema: “No es un problema coyuntural, es estructural”, concluye el documento.
El llamado adquiere relevancia ante la posibilidad de que una reducción prolongada de las lluvias disminuya los aportes hídricos a los embalses y obligue a las centrales térmicas a asumir una mayor proporción de la generación eléctrica. En ese escenario, la disponibilidad de combustible, la infraestructura y la capacidad efectiva de las plantas serán determinantes para atender el consumo nacional.
Los proyectos que Colombia necesita siguen retrasados
Uno de los puntos que más preocupa al sector es la distancia entre la capacidad de generación anunciada y la que realmente está disponible para entrar a respaldar el sistema eléctrico.
De los 4.475 megavatios de nueva generación que se esperaban para 2026, únicamente han entrado en operación 730 megavatios, equivalentes al 16,4 por ciento de lo previsto.
El panorama de las obras pendientes tampoco es alentador. La Unidad de Planeación Minero Energética registra 275 proyectos de generación con más de un año de retraso. De ese total, 33 acumulan demoras superiores a cuatro años.
En transmisión, cerca del 60 por ciento de los proyectos presenta atrasos, una situación que limita la capacidad de transportar la energía desde los centros de generación hasta las zonas de consumo.
El área oriental, que comprende Bogotá, Cundinamarca, Meta y Guaviare, concentra algunas de las dificultades más prolongadas, con obras que acumulan entre 10 y 12 años de demora.
La línea Chivor-Norte-Bacatá, de 230 kilovoltios, debía entrar en operación en 2015 y ahora tiene como fecha prevista agosto de 2027. Por su parte, el proyecto Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza, de 500 kilovoltios, estaba programado para 2017 y se espera que entre en funcionamiento en octubre de 2027.
A estas obras se suma La Colectora, infraestructura fundamental para evacuar la energía de los parques eólicos de La Guajira, que lleva aproximadamente cinco años de retraso.
El problema es que varias de estas fechas de entrada en operación coinciden con el periodo en el que el país podría enfrentar las mayores dificultades por la reducción de las lluvias.
La discusión también fue abordada por el ingeniero electricista Hernán Alberto García Mahecha, funcionario de la Contraloría General de la República, en su columna El Niño no avisa dos veces, publicada en SEMANA el 14 de septiembre.
García recordó que el racionamiento de 1992 y 1993 dio origen a la lógica del cargo por confiabilidad, mecanismo que remunera la disponibilidad de energía para los momentos en que el sistema más la necesita.
Según expuso, las obligaciones de energía firme para 2026-2027 rondan los 166,8 GWh diarios y cerca de la mitad proviene del parque térmico.
En su análisis, el ingeniero planteó la necesidad de anticiparse a los riesgos y advirtió: “No necesitamos generar alarma. Necesitamos algo mucho más difícil: anticipación”.
El gas, otro frente de preocupación
La disponibilidad de gas natural es otro de los factores que puede incidir directamente en la respuesta del sistema energético durante el próximo fenómeno climático.
Con las reservas probadas actuales, Colombia cuenta con una autonomía de 5,9 años, mientras el Ministerio de Minas y Energía advierte sobre un posible déficit nacional a partir de febrero de 2027.
Actualmente, cerca del 30 por ciento de la demanda nacional se atiende con gas importado, una dependencia que cobra mayor importancia cuando se proyecta una reducción de los aportes hídricos y, por consiguiente, una mayor utilización de las centrales térmicas.
Estas plantas necesitan contar con combustible suficiente y una logística de abastecimiento garantizada durante periodos prolongados. Si cerca de la mitad del respaldo firme del sistema eléctrico depende de la generación térmica, cualquier dificultad en el suministro de gas puede repercutir directamente en la disponibilidad de electricidad.
El Gobierno presentó en Cartagena varias medidas para reforzar el abastecimiento. Entre ellas está la ampliación de la licencia ambiental de la regasificadora SPEC, que permitiría disponer de 58 millones de pies cúbicos diarios adicionales.
También se anunciaron servicios de regasificación contratados por Ecopetrol en el Pacífico, previstos para noviembre de 2026, y en Puerto Bahía, Cartagena, con entrada proyectada para comienzos de 2027.
En Córdoba, entretanto, se desarrolla un primer proyecto que podría aportar 10 millones de pies cúbicos diarios desde febrero de 2027.
A las medidas de infraestructura se suma el monitoreo diario de los inventarios de combustibles y la realización de mesas técnicas semanales con las plantas térmicas.
Sin embargo, las alertas sobre la confiabilidad del suministro se hicieron evidentes durante la misma semana del Congreso de Andesco. El gremio de generadores Andeg advirtió que una eventual falla en SPEC podría restringir durante ocho días el suministro de gas a la industria.
Mientras la energía solar y eólica continúan incorporando capacidad al sistema, persiste la discusión sobre el respaldo que estará disponible cuando las condiciones climáticas reduzcan simultáneamente los aportes de agua, sol o viento.
La deuda de las empresas también amenaza la confiabilidad
A las dificultades técnicas y de infraestructura se suma la situación financiera de la cadena de prestación de los servicios públicos.
La cartera del mercado de energía mayorista asciende a 4,63 billones de pesos, una cifra que afecta el flujo de recursos entre los distintos actores y genera presiones sobre la operación del sistema.
Uno de los casos que concentra la atención es Air-e, empresa que pasó de registrar un patrimonio positivo de 2,22 billones de pesos en 2023 a presentar un patrimonio negativo.
Para Andesco, esta compañía representa actualmente el principal problema del sistema eléctrico en la región Caribe.
En respuesta a las dificultades financieras, el Gobierno contempla el plan Energía YA, con recursos por 1,9 billones de pesos para aliviar la cadena de pagos.
De ese monto, 1,5 billones de pesos están destinados a atender deuda corriente y proporcionar liquidez a los generadores térmicos. El plan contempla un primer giro de 300.000 millones de pesos.
También se asignaron 369.000 millones de pesos para cubrir subsidios de energía adeudados hasta junio de 2026, además de 7.600 millones de pesos correspondientes a subsidios de gas.
El paquete incluye 20.200 millones de pesos para capitalizar a DISPAC y fortalecer la prestación del servicio a los usuarios afectados por el terremoto en Chocó.
La disponibilidad de estos recursos y su llegada efectiva a los diferentes eslabones de la cadena será otro de los factores que incidirá en la capacidad de respuesta de las empresas durante los meses de mayor presión sobre el sistema.
El Gobierno activa medidas para acelerar las obras
Durante el Congreso, el Gobierno anunció la reactivación de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), la Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos (CIPE) y la Mesa de Alto Nivel de Energía (MANE).
El propósito es acelerar la ejecución de los proyectos de generación y transmisión que necesita el país para fortalecer la confiabilidad del suministro.
Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió medidas transitorias para asegurar el abastecimiento y asignó 72 megavatios de capacidad excedentaria, mientras otros 202 megavatios permanecen en estudio.
El alcance de estas decisiones dependerá de cuántas obras logren entrar efectivamente en operación antes de que se presente el periodo de mayor riesgo climático.
El calendario es determinante: el Gobierno ubica el cuarto trimestre de 2026 como la ventana para tomar decisiones y el primer trimestre de 2027 como el momento en que se concentraría el mayor riesgo por El Niño.
558 municipios en riesgo de desabastecimiento de agua
La preocupación expuesta en Cartagena trasciende el suministro eléctrico. El sector de agua potable y saneamiento también enfrenta un escenario complejo por la reducción de las lluvias y las posibles afectaciones sobre las fuentes hídricas.
Según cifras del Ministerio de Vivienda, con corte al 12 de septiembre, 558 municipios colombianos se encontraban en riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua.
De ellos, 111 estaban clasificados en riesgo muy alto y 447 en riesgo alto. En conjunto, representan cerca del 47 por ciento de los municipios del país.
La disminución de los caudales tiene efectos directos sobre la operación de los acueductos. Cuando baja la disponibilidad de agua, también pueden aumentar la turbiedad y la concentración de contaminantes, lo que encarece los procesos de potabilización.
Esta situación se presenta, además, en un momento en el que las empresas pueden registrar menores ingresos por consumo, lo que añade presión financiera a la operación de los sistemas.
El abastecimiento de agua también está ligado a la confiabilidad de la energía eléctrica. Las plantas de tratamiento necesitan electricidad para captar, bombear y procesar el recurso, mientras que una parte importante de la generación eléctrica depende de la disponibilidad de agua en los embalses.
Por esa razón, el escenario obliga a revisar el respaldo eléctrico de las plantas de tratamiento, la eficiencia de los sistemas de bombeo y el tiempo durante el cual pueden continuar operando ante una eventual interrupción del servicio de energía.
La coincidencia de ambos riesgos plantea un desafío para los operadores de acueductos, que deben garantizar la continuidad del suministro en condiciones de menor disponibilidad hídrica y posibles dificultades en el abastecimiento eléctrico.
El primer trimestre de 2027, la hora de la verdad
El Ministerio de Minas y Energía recordó que en los últimos episodios de El Niño el déficit de aportes hídricos comenzó a hacerse evidente desde septiembre.
Para el episodio que se aproxima, el cuarto trimestre de 2026 será decisivo para implementar las medidas de preparación, mientras el primer trimestre de 2027 aparece como el periodo de mayor exposición.
Ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, el viceministro de Energía, Armando Cuello, advirtió que, si el país mantiene un consumo de 265 GWh diarios, no llegará a abril con energía suficiente.
En paralelo, la CREG puso en marcha un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de la energía, que comenzó con una fase pedagógica durante septiembre.
El panorama presentado en el Congreso de Andesco deja varios frentes abiertos: la entrada en operación de nueva generación, el avance de las líneas de transmisión, la disponibilidad de gas para las térmicas, el saneamiento de las deudas del sector y la preparación de los sistemas de acueducto.
El primer trimestre de 2027 fue descrito por el Ministerio en Cartagena como “la hora de la verdad”. Para entonces, la capacidad efectiva del sistema y el avance de las medidas anunciadas permitirán establecer hasta qué punto Colombia logró prepararse para enfrentar la reducción de las lluvias y sus efectos sobre los servicios públicos.