La inauguración del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú representó la entrega del mayor espacio recreativo de Cartagena, pero también el cierre de un extenso litigio.
La recuperación de 7.404 metros cuadrados de suelo público en el sector Papayal de Torices, invadidos por particulares durante décadas, requirió que la Oficina Asesora Jurídica del Distrito afrontara una ofensiva de 44 tutelas y un incidente de desacato.
El proceso implicó el desmonte de negocios tradicionales como una panadería, dos talleres, cantinas y parqueaderos ilegales. Ante la orden de desalojo, los ocupantes recurrieron en masa a la justicia para frenar el proyecto.
La estrategia de defensa ante la oleada de tutelas
Los primeros recursos intentaron ampararse en figuras como la “confianza legítima” y el “debido proceso”. Sin embargo, jueces civiles municipales negaron la acción considerándola “improcedente”.
Posteriormente, diferentes personas alegaron vulneraciones a la “vivienda digna” y al “mínimo vital” por llevar más de 20 años en el predio; sin embargo, las autoridades judiciales determinaron que el Distrito no había violentado de forma grave ningún derecho fundamental.
Una de las decisiones más contundentes la emitió el Juzgado Doce Civil Municipal, que acumuló 14 tutelas con el argumento de violación a los derechos fundamentales como “vivienda digna”, “igualdad” y “debido proceso”.
Sin embargo, el juez determinó que las entidades no tienen la obligación de proveer casa o trabajo a quienes han sido hallados como infractores y ocupantes ilegales de un inmueble de uso público.
Un falso desacato denunciado ante la Fiscalía
El punto más tenso de la batalla legal ocurrió cuando el abogado Robinson Arroyo interpuso un incidente de desacato en nombre de Ana Batista, una mujer supuestamente beneficiada por una tutela antigua, logrando suspender las obras provisionalmente.
La Oficina Jurídica del Distrito cruzó datos con la Registraduría y el Adres, demostrando que la señora Batista había fallecido.
Al comprobarse que el jurista ocultó la muerte para inducir al error a la jueza, el juzgado levantó la suspensión y compulsó copias penales a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y a la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude procesal.
Componente social de la intervención
Más allá de los estrados, la recuperación tuvo un enfoque integral. Corvivienda reubicó y otorgó subsidios a cerca de 50 familias que habitaban el sector entre escombros.
Asimismo, la Umata rescató a 30 perros y gatos en condición de calle para brindarles atención veterinaria e iniciar sus procesos de adopción. Con el terreno liberado y el blindaje judicial resuelto, el Distrito finalizó el megaproyecto recreativo.