Inmobiliarias del crimen: las dos grandes empresas vinculadas con temidas bandas de Medellín

Una investigación adelantada por la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía puso en evidencia a dos grandes compañías del sector inmobiliario que tendrían relación con poderosas estructuras ilegales del Valle de Aburrá. SEMANA tuvo acceso al proceso que sacude las raíces del crimen en el departamento de Antioquia.

La hipótesis de los detectives es que las organizaciones de Los Chatas y Los Triana habrían usado dos empresas para dar apariencia de legalidad a las ganancias que les dejaba el tráfico de estupefacientes y las extorsiones. Solo en estos negocios, habrían procesado más de 21 mil millones de pesos en los últimos años.

La primera sociedad fue bautizada como Anairam. Al parecer, su representante legal habría facilitado el lavado de 8.000 mil millones de pesos que Los Chatas recogían en las calles antioqueñas. Esta mujer sería la hermana de la esposa de Héctor Castaño, una de las cabezas visibles de esta banda delincuencial.

En efecto, la Fiscalía General de la Nación ordenó el embargo de la segunda etapa de un lujoso condominio localizado en la capital del Magdalena en la ciudad de Santa Marta. Allí tenían una vivienda completamente edificada, ocho residencias estaban en proceso de construcción y 13 lotes debidamente demarcados.

Así lo detalló el director de la Dijín, coronel Edwin Urrego Pedraza, en conversación con SEMANA: “Unas casas ya estaban construidas, otras estaban en ese proceso, y están ubicadas en el sector de El Rodadero. Nosotros logramos afectar los predios para que sean administrados por la Sociedad de Activos Especiales”.

La segunda compañía fue presentada en el mercado como JJST Construcciones y tendría injerencia de Los Triana. Lo llamativo es que solo estaba constituida en el papel; es decir, sería una organización de fachada, aunque los investigadores judiciales pudieron descubrir el supuesto entramado ilegal.

Se descubrió que esta empresa no tenía bienes a su nombre ni una actividad frecuente en el sector inmobiliario, pero las cuentas revelarían que se habrían movido más de 13 mil millones de pesos que, directamente, serían aportados por las actividades ilegales de esta temida banda del Valle de Aburrá.

En el expediente también aparece el nombre de un reconocido establecimiento comercial de la subregión del Urabá antioqueño que estaría manchado por el nombre de Los Chatas. Allí se dedicaban a la compra y venta de oro. La implicada sería una de las mujeres más cercanas al señor Héctor Castaño, según las autoridades.

Esta redada contra el crimen dejó 19 capturas a lo largo y ancho del país que, presuntamente, tendrían algún tipo de relación con las finanzas de Los Chatas, El Mesa, Los Triana y Pachelly. En su mayoría, serían testaferros: ciudadanos que habrían prestado sus nombres para asumir el control de las fortunas ilegales.

Paralelamente, la Policía Nacional y la Fiscalía ocuparon 26 bienes en varios de Colombia que, preliminarmente, están avaluados en 15.200 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes a gran escala y la extorsión cometida, exclusivamente, en Medellín y el resto de los municipios del Aburrá.

La fiscal encargada Martha Mancera aseguró que esta es la estrategia que debilita a los delincuentes: “Para lograr la desarticulación y la disminución de delitos hay que quitarles la plata. Si la plata no se las quitamos, muy seguramente, lo único que vamos a hacer es llevarlos a la cárcel, pero con el poderío del dinero”.