En abril de 2023, en la previa de un partido entre Nacional y América en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, la barra Los del Sur protagonizó un bochornoso episodio de violencia que dejó 89 personas heridas, entre ellas policías que fueron atacados salvajemente en las tribunas; además, hubo daños al escenario deportivo tasados en 672 millones de pesos.
Por esa razón, la Fiscalía inició una investigación, les imputó cargos por incitación para delinquir a cuatro líderes de esa barra y logró que un juez de control de garantías les dictara una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Es decir, no los envió a prisión pero les impuso restricciones, como las de acercarse al estadio medellinense.
Los líderes en problemas con la justicia, en ese momento, eran Andrés Felipe Muñoz Lara, conocido como Pipe Muñoz y sobre quien pesa una condena de 7 años por aborto sin consentimiento, al ser hallado responsable de causar la pérdida del bebé que gestaba una mujer con la que había tenido encuentros sexuales.
También Andrés Felipe Ospina Calle, conocido como Pipe Bandido, el profesor universitario Raúl Eduardo Martínez Hoyos y Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño, conocido como El Pollo.
Todos, en su momento, negaron ser los responsables de esos graves hechos, además de otros que leyó en la imputación de cargos la Fiscalía.
Por ejemplo, las denuncias de amenazas que en su contra revelaron ante la Fiscalía Benjamín Romero y Mauricio Navarro, el presidente y vicepresidente de Atlético Nacional de esa época.
“Si nos toca meternos a la hijuepu**, nos metemos a la hijuepu**, armamos un mierde** allá. Si nos toca cogernos con los tombos, nos metemos, pero esas gonorre** no se alcanzan a imaginar con quiénes se metieron. Eso fue lo que hablaron. Tenemos autorización de todo, hasta de cascar a ese viejo piro**. El domingo va a estar caliente, vamos a estar a lo barra brava de hace muchos años”, se escuchó en audios revelados en la audiencia.
Los directivos les habían retirado el apoyo de 400 boletas que les daban para entrar gratis al estadio cada partido y el anuncio se llevó a cabo en una reunión días antes del violento encuentro frente a América.
Al verse en esa situación ante la justicia, los cuatro líderes buscaron una salida que les favoreciera, firmaron un principio de oportunidad, tal y como lo había revelado SEMANA en noviembre de 2025, y esta jugada jurídica, bajo la figura de justicia restaurativa, acaba de ser autorizada por la jueza 38 penal municipal con función de control de garantías de Medellín.
“Se logró obtener un acuerdo (...) entonces el despacho que esos compromisos adquiridos por los beneficiarios implican la realización de campañas restaurativas, actividades pedagógicas, construcción y difusión de mensajes en redes sociales, interacción con representantes institucionales, círculos restaurativos de responsabilización y generación de propuestas de fortalecimiento de los canales de diálogo entre el club y la barra”, dijo la jueza en audiencia adelantada ayer.
Ese acuerdo permite entonces que a los investigados se les levante la medida de aseguramiento y se les permita el regreso al estadio.
“Bajo ese nuevo escenario que nos convoca, varias de las restricciones que fueron impuestas pierden esa funcionalidad que justificó originalmente su imposición e incluso entran en tensión con el cumplimiento de los compromisos restaurativos”, detalló la juez.
SEMANA había anticipado que parte del compromiso de los líderes de la barra Los del Sur era realizar un evento público, al mejor estilo de un político en campaña, en el que los cuatro investigados estaban dispuestos a pedir perdón públicamente, además de invertir más de 100 millones de pesos.
Parte del primero de los acuerdos ya se cumplió durante un partido de Atlético Nacional, en el que fue proyectada la imagen de los líderes en el estadio pidiendo excusas por los desmanes provocados.
Ahora, la justicia vigilará durante diez meses que lo demás se cumplan para que así cese por completo la persecución judicial en su contra.