Jafar Tarakory, un ciudadano iraní capturado en Pereira, es señalado de pedir hasta 30.000 dólares (cerca de 110 millones de pesos colombianos) para gestionar el ingreso ilegal de varios de sus coterráneos a Estados Unidos.
Tarakory fue detenido con fines de extradición en medio de un operativo entre la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).
El capturado fue ubicado en Pereira durante un allanamiento ordenado por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, por tráfico de migrantes, y materializado por la Dijín de la Policía Nacional.
Las autoridades consideran que, desde mediados de 2024, el iraní habría coordinado el tránsito ilegal de varios de sus compatriotas desde Colombia, pasando por Centroamérica y México, con destino a Estados Unidos.
“La gestión irregular iba acompañada de un paquete que ascendía a un valor de 30.000 dólares por persona e incluía transporte, alojamiento, alimentación, líneas móviles y acompañamiento durante el recorrido”, señaló la Fiscalía.
En la redada, los uniformados incautaron equipos electrónicos con fines investigativos y probatorios, así como dinero en efectivo, cuyo comiso fue solicitado para determinar su origen.
Tarakory fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surten los trámites para su extradición a Estados Unidos.
En ese país es solicitado por una Corte Distrital del Oeste de Texas, que lo requiere por cargos relacionados con conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos e introducción de extranjeros con fines de lucro.
Vale la pena recordar que la justicia de Estados Unidos, en 2025, desmanteló una red transnacional de fraude de visas, extorsión y lavado de dinero que, durante cuatro años, habría defraudado a miles de ciudadanos centroamericanos y suramericanos que buscaban trabajar legalmente en Estados Unidos.
Según la justicia de ese país, las víctimas entregaron más de 2,5 millones de dólares.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, tres de los acusados fueron arrestados en Medellín, otro en Sacramento, California, y uno más en el área de Dallas, Texas.
Uno de los detenidos en Medellín fue identificado como Edwin Alberto Correa-David, señalado de supervisar aproximadamente ocho oficinas de centros de llamadas en la ciudad. “Esto incluía decidir qué sitios web fraudulentos utilizar, cuánto cobrar a las víctimas y qué receptores de fondos estadounidenses utilizar como intermediarios”, según el Departamento de Justicia.