La senadora Patricia Caicedo, del Pacto Histórico, lidera este 20 de octubre un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado sobre la crisis de residuos sólidos en Santa Marta. La discusión examina las responsabilidades del operador ATESA y de las entidades competentes frente a las deficiencias del servicio y sus consecuencias para las comunidades, el ambiente y la economía de la ciudad.
Con base en informes de las autoridades de vigilancia y control y en denuncias ciudadanas, el debate busca establecer por qué persisten los puntos de acumulación de basuras y cuáles han sido los resultados de las medidas adoptadas. Entre las situaciones reportadas por los habitantes están los malos olores, la presencia de vectores y las dificultades en la recolección.
Uno de los principales temas es la situación del relleno sanitario Palangana. La discusión incluye su capacidad disponible, las autorizaciones que respaldan su operación y las alternativas previstas para garantizar la continuidad de la disposición final de los residuos. También se solicitan explicaciones sobre las decisiones adoptadas ante las advertencias de agotamiento y la financiación de las soluciones.
En cuanto al sistema de recolección, se revisarán el cumplimiento de las rutas y frecuencias, el estado de los vehículos y la disponibilidad de la flota. La evaluación contempla la cobertura en barrios, corregimientos y sectores de difícil acceso, así como la capacidad de respuesta ante el aumento de residuos durante las temporadas turísticas.
Otro punto es el retiro de los contenedores. El debate busca establecer si la decisión se sustenta en un diagnóstico que diferencie los problemas del almacenamiento de las fallas en la recolección. También se solicitan detalles sobre las alternativas previstas para cada sector y el destino de los contenedores y camiones asociados, ante el riesgo de que las basuras continúen acumulándose en los mismos lugares sin recipientes para su disposición.
La discusión también abarca la separación de residuos en los hogares, el aprovechamiento de materiales y la participación de los recicladores. En este componente, se piden indicadores sobre los programas de educación ambiental, el número de hogares atendidos, las rutas selectivas en funcionamiento y las toneladas efectivamente recuperadas.
En materia financiera, se examinarán los recursos ambientales aportados por Santa Marta, los contratos financiados, los compromisos de largo plazo y los beneficios que recibe la ciudad. El propósito es establecer cómo se destinan esos recursos y qué resultados generan en materia de protección ambiental.
Con este debate, Caicedo exige que la administración, el operador y las autoridades expliquen sus decisiones y respondan por el cumplimiento de sus obligaciones. La discusión busca determinar si el servicio de aseo responde a las necesidades de los habitantes y si los recursos destinados a la gestión ambiental se traducen en resultados verificables para la ciudad.