La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Milagrosa, en Malambo, Atlántico, enfrenta denuncias ciudadanas por deterioro, acumulación de basuras, crecimiento de vegetación y falta de cerramiento, tres años después de su entrega oficial. La infraestructura, cuya inversión fue anunciada en $21.400 millones, fue recibida por Aguas de Malambo el 27 de enero de 2023, en un proceso acompañado por la Procuraduría Provincial de Barranquilla.
La obra fue concebida para contribuir al saneamiento de las aguas residuales y a la recuperación de la ciénaga de Malambo, un ecosistema del que dependen numerosas familias dedicadas a la pesca. Sin embargo, habitantes del sector advierten sobre el estado actual de las instalaciones y solicitan que se investigue qué ha ocurrido con la infraestructura y los recursos públicos destinados a su construcción.
Durante la entrega, el entonces procurador provincial de Barranquilla, Jorge Vásquez, informó que la Alcaldía había cumplido los compromisos establecidos y subsanado las inconsistencias identificadas previamente en el diseño, la construcción y el deterioro de la planta. Aguas de Malambo recibió la infraestructura y debía adelantar su estabilización para garantizar la operación plena. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico también dejó constancia de la entrega mediante la Resolución 0000227 de 2023.
El pasado 12 de octubre, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Malambo activar urgentemente un plan para poner en funcionamiento la PTAR. El requerimiento se produjo durante una visita para verificar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
A las denuncias se suman los señalamientos de pescadores sobre una presunta contaminación del muelle comunitario por residuos provenientes de una estación de servicio cercana. Por ello, solicitan investigar posibles vertimientos y sus efectos sobre el agua y los recursos pesqueros.
La comunidad pide la intervención del Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Contraloría y las autoridades ambientales para establecer las condiciones de la planta, determinar responsabilidades sobre su mantenimiento y operación y evaluar posibles afectaciones al patrimonio público. Asimismo, reclama medidas para recuperar la ciénaga y proteger el sustento de más de 300 familias vinculadas a la pesca.
