Altus Baquero, el aspirante al Consejo Nacional Electoral que no cumpliría con los requisitos

Este viernes se reveló la lista de 25 candidatos para llegar al Consejo Nacional Electoral, elección que hará el Congreso pleno el próximo 24 de agosto a las 9 de la mañana.

Sin duda, hay unos nombres que resaltan más que otros y ya se da por descontado que algunos excongresistas serán magistrados del CNE por su experiencia como abogados y temas relacionados con asuntos electorales.

Sin embargo, el nombre de Altus Baquero, secretario de la Defensoría del Pueblo, ha llamado la atención porque el Partido Liberal lo incluyó en la lista de aspirantes, pero en esa misma colectividad han dicho que hubo presiones de esa institución para poner en el sonajero al funcionario.

Altus Alejandro Baquero, es amigo personal del defensor del Pueblo, Carlos Camargo y eso ha generado molestia. En voz baja los congresistas liberales afirman que, a toda costa, quieren que él sea magistrado del Consejo Nacional Electoral y advierten que los integrantes de la Comisión de Acreditación, tendrán que revisar muy bien si cumple con los requisitos para llegar a ese organismo electoral.

Según los liberales, Baquero no cuenta con los quince años de experiencia requerida para estar en la contienda ya que el abogado se graduó el 22 de agosto de 2007 por lo que al momento de la inscripción no cumplía con el requisito.

“Debe cumplir 15 años de abogado con experiencia profesional, a la fecha de la inscripción en la convocatoria abierta por el Congreso de la República para que los partidos políticos postularan sus candidatos. La fecha de inscripción de candidatos venció el 17 de agosto a las 5 de la tarde y ese día el señor Baquero aun no reunía el requisito de haberse graduado como abogado hace 15 años”, dijo un representante a la Cámara liberal.

Agregó que hay jurisprudencia suficiente en la rama judicial donde queda claro que los requisitos se deben cumplir al momento de la inscripción y no en la elección. De hecho, recordaron el caso de Luis Alberto Rodríguez, quien hizo parte de la lista de elegibles para al Contraloría pero quedó por fuera al no cumplir con el requisito de edad.

Pero además de estas molestias hay una queja del Comité de Veedurías del Atlántico donde se asegura que Baquero, posiblemente, alteró su hoja de vida para ingresar a la Defensoría del Pueblo. Este tema está en manos de la Procuraduría.

“La presunta falsedad consiste en que el señor Altus Baquero Rueda consignó en su hoja de vida pública, información falsa respecto a su experiencia laboral y profesional; toda vez que en las publicaciones de su Hoja de Vida de la Función Pública antes de la vinculación laboral a la Defensoría del Pueblo, NO se relacionaba ningún tipo de experiencia con la empresa Energex S.A., esta experiencia solo aparece publicada en la hoja de vida de la Defensoría del pueblo SIGEP II después del 09 de septiembre del año 2020″, dice la queja que llegó a la Procuraduría. Por esa razón, se pide al Ministerio Público que se le investigue y anexan los cambios, supuestamente irregulares, que hizo en su hoja de vida.

Lo que ha llamado la atención es que en la hoja de vida que llegó al Congreso para su inscripción, presentó, supuestamente, unas certificaciones laborales como abogado de la empresa Fortaleza Legal Foreg S.A.S. y de Mónica Lozano Torres. Sin embargo, las dudas surgen porque Lozano habría sido alumna de Baquero en una maestría de la universidad Sergio Arboleda en 2016.

Que haya sido su alumna no traduce irregularidad alguna, pero sí llama la atención que la representante legal de dicha empresa haya certificado experiencia laboral de Baquero por días, fines de semana y en diciembre, y que posteriormente esa empresa haya firmado un contrato de más de $138 millones con la Defensoría del Pueblo.

Dicho contrato fue firmado por Baquero en nombre y representación de la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Secretario General y Lozano como Representante Legal de la firma Fortaleza Legal S.A.S - Forleg S.A.S. Aunque no habría nada ilegal, ha llamado la atención de los congresistas que la misma empresa que le certifica la experiencia laboral sea contratista de la entidad donde labora.

De hecho, la hoja de vida de Altus Baquero que estaba publicada en el Sigep II se deshabilitó por unos días, aunque allí se podía apreciar que no contaba con los quince años de experiencia requerida para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral. Después apareció de nuevo con una experiencia en Energex S.A. seguramente como contratista porque el 1 de junio de 2007, fecha en que se acredita el trabajo, no era abogado titulado, según indica la información que el registró en el formato único de hoja de vida que deben llenar los funcionarios públicos.

Así las cosas la Procuraduría y la Comisión de Acreditación deberán evaluar el caso y determinar si hay irregularidades o no. En el tema disciplinario se abriría un proceso y en el Legislativo sencillamente se indicaría si cumple los requisitos o no. El problema es que el Congreso no tiene la capacidad ni cumple funciones para verificar posibles alteraciones en las hojas de vida pero en este caso lo cierto es que las fechas no coinciden.