El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2422, el pasado 9 de diciembre, que permitirá la liberación de integrantes de la primera línea que están en las cárceles del país, señalados de cargos por delitos que habrían cometido en medio del paro.
SEMANA reveló el decreto que estable la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.
Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá que “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el decreto.
Por esa razón, integrantes del Centro Democrático radicaron una demanda en contra de dicho decreto al considerar que no es viable lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro.
La senadora Paloma Valencia, quien lideró la demanda que se radicó ante el Consejo de Estado, indicó que confía en que se estudien las peticiones que se están haciendo porque esas liberaciones serían ilegales.
“La ley de Orden Público no creó los voceros del Gobierno y si hubiese creado los voceros del Gobierno, no creó la facultad de levantar órdenes de captura para voceros del Gobierno, solo se pueden levantar para los voceros de las organizaciones criminales”, señaló.
Agregó: “el Congreso expresamente votó negativamente por la facultad que pidió el presidente para liberar a los integrantes de la Primera Línea. Es muy grave que el presidente Petro considere que porque hizo promesas de campaña por fuera de la ley, puede irrespetar a las Cortes y a la rama jurisdiccional”.
Según la senadora del uribismo, la información que proporcionaron los ministros fue totalmente distinta a lo que está ocurriendo y por esa razón, se radicó la demanda.
“Los ministros salieron a decir que el tema de la liberación de la Primera Línea sería para otro proyecto y que no estaba consagrado en el proyecto de orden público, así que eso es hacerle trampa a los colombianos, irrespetar el Congreso e irrespetar a la Rama Judicial”.
Al tratarse de un acto administrativo se radica la demanda ante el Consejo de Estado y en los próximos días se conocerá si es aceptada.
Dicha comisión que se creó deberá expedir su propio reglamento y “definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.
Así mismo, la comisión le recomendará al presidente Petro la continuidad o la exclusión del vocero, de acuerdo a una evaluación y monitoreo del cumplimiento de sus obligaciones que hará la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La comisión deberá reunirse de manera ordinaria por lo menos una vez trimestralmente y podrá hacerlo de forma extraordinaria por pedido de alguno de sus integrantes. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los asistentes. La secretaría técnica de la comisión estará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El decreto fue firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la viceministra de Justicia, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán; y el director del Dapre, Mauricio Lizcano.