Centro Democrático solicitó reunión urgente a comisionado de la CIDH por “agresiones” del Gobierno a la Rama Judicial

Mediante una carta, la bancada del Centro Democrático solicitó una reunión formal con el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero Ochoa, relator para el Estado de Colombia.

“Tenemos el honor de dirigirnos ante usted, en nuestra calidad de congresistas de la República de Colombia, miembros de la oposición y del Partido Centro Democrático, con la finalidad de solicitar respetuosamente una reunión presencial de carácter urgente en la ciudad de Bogotá, Colombia, en atención a su visita oficial a nuestro país”, se lee en la misiva.

La finalidad de la reunión, según detalló la colectividad, es dar a conocer la “preocupante y gravísima” situación que se viene presentando en el país.

“Se está erosionando, asediando y agrediendo a la Rama Judicial y a los órganos de control, en especial a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación por parte del actual Gobierno nacional, quien está promoviendo e incitando vías de hecho en contra de estas instituciones y sus funcionarios, para minar la credibilidad y confianza en las instituciones y desacatar las decisiones adoptadas por estas lesionando su integridad, independencia y autonomía, lo cual representa un atentado contra la separación de poderes y la colaboración armónica”, manifestó la bancada del Centro Democrático.

Puntualmente, los congresistas solicitaron agendar la reunión en el marco de la visita que realizará el comisionado de la CIDH a la ciudad de Bogotá.

La solicitud, sellada con mensaje de urgencia, se dio luego de la tensa situación que se presentó en las inmediaciones del Palacio de Justicia y el búnker de la Fiscalía, donde se ubicaron centenares de manifestantes para presionar a la Corte Suprema de Justicia en la elección de fiscal general.

Vale mencionar que Fecode convocó la manifestación del 8 de febrero, la cual fue apoyada por el mismo Gobierno Petro para ejercer presión social sobre el Alto Tribunal, con la intención de que hubiera celeridad en la elección de la nueva fiscal. Sin embargo, ninguna de las ternadas recibió los votos suficientes, de manera que la decisión tuvo que ser aplazada nuevamente.

El nuevo aplazamiento en la elección de fiscal no cayó bien en los manifestantes. Lo que vino después fue caos. Los magistrados tuvieron que salir del Palacio de Justicia fuertemente custodiados, pues las personas que protestaban en el lugar bloquearon la entrada e, incluso, intentaron ingresar por la fuerza.

En vista de que el Palacio de Justicia permaneció sitiado por varias horas, numerosas voces políticas se pronunciaron para rechazar y condenar los actos violentos perpetrados en la tarde del jueves.