El próximo 7 de agosto, quien asuma la Presidencia de Colombia recibirá un país amenazado por múltiples organizaciones criminales, saqueado por la corrupción, más frágil, ad-portas de una crisis fiscal, más endeudado y más dividido del que este Gobierno encontró. Lo digo sin exagerar, porque he aprendido que la historia juzga con más severidad que cualquier opositor. Pero lo digo con preocupación, porque lo que está en juego no es una administración, es la solidez de aquello que los colombianos construimos desde que adoptamos por consenso la Constitución de 1991.
Empiezo por la salud, porque ahí el daño se mide en vidas. El próximo presidente recibirá un sistema al borde del colapso. Las EPS que atienden a millones de colombianos acumulan deudas que superan los 32 billones de pesos, los pacientes esperan meses por un medicamento o una cita con especialista, y el Gobierno optó por liquidar antes que por corregir. Se confundió la reforma con la destrucción. Y cuando se destruye sin construir, quien paga es el enfermo que no recibe su tratamiento a tiempo. Aunque se proclamaron defensores de la vida, expusieron, sin compasión, a miles de colombianos a la muerte.
La Constitución del 91 fue concebida como una casa de todos: un pacto de derechos, de garantías sociales y de equilibrio entre los poderes. Ese pacto fue y sigue desafiado por un Ejecutivo que prefirió gobernar contra las instituciones antes que con ellas, y que en su recta final llegó incluso a desconocer el resultado electoral. Pero los límites constitucionales funcionaron. El próximo presidente tendrá que recuperar la confianza en la institución de la presidencia, dar ejemplo de respeto a la administración de justicia y a la separación de poderes.
Los derechos sociales no se defienden con discursos de plaza, sino con resultados. Reformar es necesario; siempre lo será. Pero reformar es mejorar lo que funciona, no incendiarlo. El liberalismo nunca le ha tenido miedo al cambio, pero entiende que el cambio sin prudencia es solo otro nombre del retroceso. Paradójicamente, los que se dicen progresistas, fueron los promotores de ese retroceso.
En seguridad, el panorama es igualmente grave. Las organizaciones criminales se fortalecieron al amparo de una paz mal entendida, su presencia ocupa ya 646 municipios del país, donde se premió a los violentos y abandonó a las víctimas. Recuperar la autoridad del Estado —con la ley en la mano, no por fuera de ella— será la primera tarea del nuevo gobierno. Y al hacerlo, recomponer las relaciones internacionales con nuestros aliados y amigos, siguiendo nuestras mejores tradiciones.
A quien llegue, le pido serenidad y grandeza. Colombia no necesita más confrontación. Necesita un presidente que gobierne para todos, que respete la Constitución y que entienda que el poder es prestado y transitorio. Los liberales estaremos siempre, como hace más de un siglo, del lado de las instituciones, de los derechos y de la democracia.
César Gaviria Trujillo
Expresidente de la República y director del Partido Liberal