Los representantes Carol Borda (Salvación Nacional) y Daniel Briceño (Centro Democrático) volvieron a abrir el debate sobre los denominados alimentos procesados y si deberían tener un impuesto adicional por afectar la salud de los colombianos.
Briceño y Borda anunciaron que presentaron un proyecto de ley en el Congreso con el que proponen eliminar el denominado “impuesto saludable”, una idea que sacó adelante el Gobierno de Gustavo Petro para gravar algunos alimentos que pueden tener exceso en azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.
Según explicó el congresista del Centro Democrático, cuando el expresidente Petro radicó una reforma tributaria al comienzo de su gobierno, se generó la discusión sobre ese impuesto, con el que él no está de acuerdo.
“Le metieron un cuento y un engaño a la gente en Colombia y es que ellos iban a cuidar supuestamente la salud de la gente subiéndole impuestos al 21 % de todos los productos de la canasta familiar: cereales, galletas, salchichas, chorizo, leche en polvo y demás”, dijo el congresista.
Según Briceño, ese dinero no se estaría usando con ese propósito; de fondo, no se le estaría dando solución al problema. “Al final ni cuidaron la salud ni lograron que fuera más eficiente el gasto, sino que terminaron generando algo muy problemático y es que crearon un impuesto al tendero”, explicó el representante por Bogotá.
Por su parte, Borda dijo que está de acuerdo con eliminar ese impuesto porque ha generado afectaciones en los ingresos del 67 % de los establecimientos comerciales.
Además, expresó que no estaría impactando a los más ricos, como argumentó en su momento el petrismo, sino que terminaría golpeando el bolsillo de los tenderos y comerciantes.
Briceño y Borda consideraron que no es cierta la teoría de que, si un alimento es más caro por los impuestos que se le ponen, las personas no van a consumirlo, pues, según dijeron, eso no estaría sucediendo tras el incremento.
Aclararon que no están de acuerdo con afectar la salud de la gente, sino que consideran que se debe debatir de fondo la manera en la que el Estado influye en las decisiones nutricionales de los ciudadanos.
“No creo que subiéndole los impuestos a la gente se vayan a comenzar a cuidar más, eso no va a generar un verdadero efecto, pero al final, el millón de familias que depende de estas tiendas, de los supermercados pequeños, de la panadería, es el que está afectado”, reclamó Briceño.
Borda dijo que hay que defender la autonomía de las personas y que no siempre debe ser el Estado el que decida qué deben consumir o comer las personas.