La Corte Suprema de Justicia le puso punto final a una denuncia instaurada por el partido Cambio Radical en contra de la senadora Ana María Castañeda, una de sus integrantes, por supuestamente no haber respetado los lineamientos del partido cuando fue la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.
Según determinó el alto tribunal no se habrían encontrado las razones de fondo para presentar la denuncia. Además, se trataría de una puja interna y política dentro de la colectividad que no debe ser dirimida por el ente judicial.
Castañeda había sido denunciada por su propio partido en medio de una polémica que se generó en la elección del magistrado Carlos Camargo, para la Corte Constitucional, en septiembre del año pasado en el Senado. La colectividad había sancionado a Castañeda y al senador Temístocles Ortega, que se sabe que es cercano al Gobierno, pero que también hace parte de esta bancada, por lo que no podían participar de esa votación.
La denuncia había sido radicada por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal.
Otro hecho que habría generado tensión en la colectividad es que meses atrás, cuando se hablaba de la consulta popular que impulsaba el Gobierno, desde Cambio Radical reclamaban que supuestamente Castañeda había respaldado esa idea, al igual que Ortega.
El tema es que eso le había generado una sanción interna en la colectividad por lo que le habían prohibido a ambos senadores participar de la votación de la elección del magistrado de la Corte en la que se impuso Camargo.
“El trasfondo de esta batalla legal revela un intento por parte de la dirigencia de Cambio Radical de socavar y entorpecer mi labor, que ha sido principalmente en defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la Corte fue clara al señalar que las herramientas del derecho penal no están hechas para dirimir los conflictos de poder o las diferencias conceptuales que surjan dentro de las organizaciones políticas”, reclamó la senadora.
Para la vicepresidenta del Senado se trató de un relato del partido y hasta dijo que se trataría de una “persecución” que estaba violando la garantía constitucional de la “inviolabilidad parlamentaria”.
Cambio Radical se basó en un concepto del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que dejaba sin efectos un auto proferido por la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al petrismo, por medio de la cual se había rechazado una recusación impuesta por Germán Córdoba, director de Cambio Radical.