SEMANA: ¿Qué acciones ha adelantado Eva Ferrer ante las revelaciones que se han conocido sobre presuntos hechos de corrupción en el círculo cercano de la exprimera dama Verónica Alcocer?
María Soledad Morales (M. S. M.): Desde un inicio, la posición de Eva Ferrer fue avisar a la persona que tenía la posición de garante, que en ese momento era el presidente Gustavo Petro. Era la persona a la que tenía que notificarle lo que estaba pasando, lo que ella sabía de los presuntos hechos de corrupción.
SEMANA: ¿Eva Ferrer está aportando información a las autoridades sobre estos presuntos hechos de corrupción que advirtió?
Jhonny Batalla (J. B.): Hasta este momento, Eva Ferrer no ha sido requerida por parte de las autoridades colombianas, pero tiene toda la disposición para que, ante cualquier investigación que se adelante en torno a unas evidencias que ella pueda aportar para llegar a la verdad, que es lo único que necesitamos en un diseño procesal efectivo y eficaz, lo hará.
SEMANA: ¿Cuál es la situación de seguridad de Eva Ferrer?
M. S. M.: Es grave. Y no es grave desde ahora, sino desde el segundo día que ella salió de la Consejería, ya que su esquema de seguridad fue retirado sin previo aviso. Dos años después, en marzo o mayo, le llega un documento de la UNP diciéndole que le van a quitar el esquema de seguridad que tenía, que era carro, conductor y un agente de seguridad. Se lo habían quitado desde fechas anteriores. La documentación corrobora todo esto que fue manifestando la UNP.
Actualmente ha recibido amenazas públicas. Para nosotros, que al otro día de que se filtraron los audios saliera el presidente Petro a decir que iba a tomar acciones penales contra ella, fue una amenaza. A nivel familiar, su hermano ha sido amenazado directamente en España. Y hace 15 días a su madre le llegó una solicitud del señor Manel Grau para que se sentara con él a arreglar las cosas. La madre de Eva dijo que no tenía nada que hablar con él y que eso lo arreglara con la justicia.
SEMANA: ¿Las revelaciones empeoraron la situación de seguridad?
M. S. M.: Ella tuvo que irse de Bogotá. Está en alguna parte por temas de seguridad. Tuvo que entregar el apartamento de un día para otro. A ella se le vencía su contrato en abril y lo tuvo que entregar el mes pasado, después de la noticia.
SEMANA: ¿Qué llamado hace usted, como abogada de Eva Ferrer, al Gobierno de Abelardo De La Espriella frente a las amenazas que ha recibido?
J. B.: Para brindar la información necesaria para que se esclarezcan ciertos hechos, que arrancan con conductas muy delicadas del Código Penal, lo que necesita es que efectivamente se le brinde esa seguridad. La finalidad es que se condene a los verdaderos culpables de estas situaciones que se han venido ventilando.
SEMANA: Es decir, ¿lo que se escucha en los audios y se lee en los chats corresponde a temas que Eva Ferrer podría ampliar ante la Justicia?
J. B.: Claro que sí. Ella tiene información. Ella podría ayudar a determinar los hechos con precisión, pero en estos momentos tiene una situación bastante compleja de seguridad. No puede ni siquiera salir a la luz pública ni caminar como cualquier ciudadano, porque siente temor. Llaman a su familia, llaman a su madre. Entonces necesita seguridad del Estado colombiano, presidido por Abelardo De La Espriella.
SEMANA: ¿Qué le piden a la Fiscalía?
J. B.: Necesitamos que todo esto que los medios de comunicación han denunciado se traduzca en una apertura de investigación para que Eva Ferrer llegue al proceso a esclarecer muchas de las situaciones que se han venido ventilando. Ella siempre ha estado dispuesta a dar a conocer la verdad. Eso es fundamental y queremos que quede claro.
SEMANA: Y para decir la verdad, Eva pide protección.
J. B.: Claro que sí, porque estamos hablando de unos hechos que vinculan a un Estado con el anterior presidente a bordo. Efectivamente, con la ex primera dama y gente muy cercana al anterior gobierno. Cualquier persona que esté cerca de una situación de esta, de un entramado de corrupción como el que se ha ventilado en los medios de comunicación, necesita protección y defensa contra las acciones de estas personas.