Un grupo de académicos, exministros y exdiplomáticos que se identifican como parte del centro político suscribió un documento que divulgó a través de sus redes sociales el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, en el que se refieren a la labor del presidente Abelardo De La Espriella frente al terremoto del 10 de agosto pasado y reflexionan sobre otros aspectos del arranque de este Gobierno.
“Los ciudadanos que adherimos a este documento, nos identificamos en la defensa del modelo político y social previsto en la Constitución de 1991. Sabemos que la categoría centro político es imprecisa; por ahora no queremos precisar su alcance. Este es nuestro tercer pronunciamiento”, explicó Ocampo.
“A pesar de que el terrible terremoto que estamos padeciendo sucedió cuando apenas comenzaba el nuevo gobierno, el presidente (Abelardo De La Espriella) y varios de sus ministros actuaron con celeridad para dar consuelo a las familias afectadas, supervisar el rescate de sobrevivientes, proveer ayuda de emergencia y establecer mecanismos de coordinación adecuados para atender la catástrofe. Sin duda alguna, el Gobierno nacional está realizando un trabajo complejo con buen juicio y eficiencia”, dijeron.
Y agregaron los firmantes: “Igualmente destacamos que la gestión de las autoridades territoriales ha sido adecuada, admirable la solidaridad de la sociedad civil y la ayuda de muchos empresarios. Más allá de las controversias políticas, que son inevitables, el tejido social de nuestro país es vigoroso y resistente”.
En un segundo punto se refirieron a la preservación del pacto social en Colombia.
“La preservación de la paz es el objetivo primordial de las constituciones políticas democráticas. Ellas proveen valores compartidos, instituciones de gobierno, mecanismos de protección de los derechos y reglas para construir consensos y tramitar desacuerdos. La nuestra de 1991 cumple a plenitud esos objetivos. Durante el pasado gobierno, las amenazas contra su estabilidad fueron recurrentes. Algunos anuncios del presidente De La Espriella generan preocupaciones que, ojalá, pronto se disipen. La Constitución es nuestro patrimonio común. Preservarla es un deber indeclinable”, afirmaron.
Coincidieron en que todos los requisitos para que el nuevo gobierno pudiera posesionarse fueron cumplidos.
“El Pacto Histórico ha comenzado a actuar en el Congreso bajo las reglas vigentes. Lo que hasta ahora hemos observado es fuente de esperanza. Para que la democracia funcione, es indispensable que se respete un consenso fundamental: el pleno acatamiento a las reglas de juego. Conviene recordar que el Estatuto de Oposición contiene un conjunto de herramientas que fueron utilizadas ampliamente por los adversarios de la administración Petro. Sería lamentable que el Pacto Histórico, hoy con el mayor número de curules en ambas cámaras, y respaldado por una porción elevada del electorado, pusiera en riesgo su valioso patrimonio político”.
Y añadieron: “La propuesta de desobediencia civil debería superarse. No contribuye a la estabilidad de las instituciones, tampoco al ejercicio de la oposición. A su vez, es necesario que el gobierno actúe con respeto y prudencia frente a sus antagonistas. Esta actitud es compatible con la denuncia de los gravísimos actos de corrupción cometidos hasta días antes de la transmisión del mando. El gobierno puede y debe denunciar los delitos, pero los procesos penales y disciplinarios corresponden a los jueces, la Fiscalía y la Procuraduría. La impunidad, que es producto de la lentitud de las instituciones responsables y de juegos dilatorios de los acusados, sería intolerable”.
Dijeron que la política exterior de Colombia debe basarse en el interés nacional, no en consideraciones ideológicas.
“Recuperar una postura pluralista, anclada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, son objetivos que debemos adoptar, especialmente en las circunstancias actuales de aguda confrontación entre las grandes potencias. Colombia debe participar en una gran alianza para proteger y recuperar el sistema de las Naciones Unidas. La unión es la fuerza de los débiles”.
Y remataron: “En su discurso de posesión, el presidente (Abelardo De La Espriella) anunció una ‘batalla cultural’ para recuperar ‘el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto a la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual’. Esas son creencias respetables. Sin embargo, ellas no pueden ser materia de una ‘batalla cultural’, y menos todavía promovida por el gobierno, por una razón poderosa: la Constitución define a Colombia como una sociedad plural que alberga y acoge todas las manifestaciones culturales. Es correcto que el Estado promueva la creencia en Dios, cuya protección invoca el Preámbulo de la Constitución, pero no puede desarrollar una pedagogía religiosa por ser la nuestra una sociedad laica”.
El documento fue firmado por José Antonio Ocampo, Hugo Acero, Alejandro Gaviria, Eduardo Pizarro Leongómez, Martha Ardila, Arnold Gómez, Santiago Pombo, Rafael Aubad, Daniel Gómez Gaviria, Juan Camilo Restrepo, Hernán Avendaño, Jorge Iván González, Alejandro Reyes Posada, Raúl Barake, Alfredo Lewin, Camilo Reyes, Carolina Barco, Julio Londoño Paredes, Manuel Rodríguez Becerra, Germán Botero Arango, Cecilia López Montaño, Mauricio Rodríguez Munera, Jesús Botero, Eduardo Lora, Marcela Romero de Silva, Juan Carlos Esguerra, entre otros.