La prestante familia francesa Garrel, vinculada con éxito a la industria del cine y la televisión, vive por estos días una auténtica ‘película de terror’, que también ha tenido como protagonistas a la Embajada de Francia, la Cancillería colombiana, la Procuraduría General de la Nación y hasta la Corte Suprema de Justicia.
El ‘novelón’ está relacionado con el proceso de extinción de dominio del Pasaje Comercial de La Sabana, un centro de comercio ubicado en Los Mártires, en el centro de Bogotá, donde, según la Fiscalía, en al menos nueve de los 78 locales se vendían celulares robados, a los que se les alteraban los IMEI para poderlos comercializar.
Este reconocido pasaje de la capital del país es propiedad de la ciudadana francesa Anne Emmanuel Sáenz Garrel, quien lo heredó de su padre, Luis Sáenz Fety, en 1989. Debido a que ella vive fuera del país, pues ni siquiera habla español, la administración de este inmueble fue dejada en manos de inmobiliarias, que se encargaban de girarle los dineros productos de los arriendos de los locales.
Sin embargo, luego de más de 20 años de funcionamiento sin mayores contratiempos, las autoridades judiciales y de Policía empezaron a poner la lupa sobre el pasaje comercial de La Sabana, por denuncias de que en algunos de los locales se vendían celulares robados.
Tras investigaciones y allanamientos, en septiembre de 2015, la Fiscalía ocupó el inmueble con fines de extinción de dominio, al comprobar que había nueve locales que, efectivamente, comercializaban artículos electrónicos hurtados. No obstante, Sáenz Garrel solo fue notificada de lo sucedido en enero de 2016.
Un año después, en marzo de 2017, un juzgado penal de Bogotá confirmó la extinción del edificio, que pasó desde ese momento a ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que tiene como función el manejo de los bienes que han sido incautados por el Estado.
“Anne Emmanuel Sáenz Garrel, propietaria del inmueble vinculado, desde siempre mostró una actitud desinteresada por su bien, lo que se desprendía de lo dicho por ella misma en el testimonio rendido ante ese despacho y los deponentes convocados al proceso, quienes dieron a entender que lo único que realmente le interesaba a la mencionada señora era recibir bimestral o trimestralmente los réditos que le generaba el inmueble”, indicó el juzgado.
No obstante, un hecho que, según la defensa de la ciudadana francesa, no fue tenido en cuenta por el juzgado es que Sáenz Garrel es una persona con discapacidad cognitiva.
“Adicionalmente, al no poder cuidar y vigilar de manera personal la propiedad, al no residir en Colombia, no hablar el idioma español y no tener el conocimiento para el manejo del mismo, ante el desconocimiento de las leyes colombianas, delegó la administración del inmueble a personas a quienes les tenía legítima confianza con el propósito de que éstos ejercieran el debido cuidado, vigilancia y custodia del predio”, indicó la defensa de la extranjera.
Asimismo, el abogado Carlos Naranjo, quien ejerce la defensa de la ciudadana francesa, insistió en que Sáenz Garrel no conocía de las conductas que supuestamente se estaban dando en su inmueble, además de que el fallo judicial “aparece fundamentado en simples informes de policía que no tienen la capacidad probatoria suficiente para acreditar la ocurrencia de algún delito”.
En el mismo sentido de la defensa de la ciudadana francesa se pronunció también la Procuraduría, que argumentó que Anne Emmanuel nunca ha estado al frente de la administración del centro comercial y que “ha sido manejado por sociedades o empresas inmobiliarias legalmente constituidas y ampliamente conocidas en la ciudad, quienes lo han arrendado a varias personas con fines comerciales”.
Con base en estos argumentos, la defensa apeló la decisión del juzgado ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, organismo que, sin embargo, en agosto de 2021, confirmó la decisión del juzgado penal. Es decir, el inmueble debía seguir bajo extinción de dominio.
Dos nuevos capítulos
Fue entonces cuando le surgieron dos nuevos capítulos a este ‘novelón’ judicial. Por un lado, la embajada francesa intervino y envió una comunicación al Ministerio de Justicia, en la que señala que, de mantenerse la extinción de dominio, sería un “grave mensaje” para la inversión extranjera.
Pero, además, arrancó un duro pulso entre el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, que recibió la impugnación interpuesta por la defensa de Sáenz Garrel y decidió, el 22 de septiembre del año pasado, darle la razón al abogado de la ciudadana francesa y le pidió al tribunal emitir una nueva decisión, en menos de 15 días, teniendo en cuenta los argumentos aportados por la defensa.
La Corte Suprema tuvo en cuenta el hecho de que “en el centro comercial había varios módulos que ni siquiera desarrollaban acciones relacionadas con la venta de celulares, pues algunos, por ejemplo, tenían como fin vender alimentos (restaurante, asadero de pollos), no se consideró tal circunstancia, esto es, que hubiera locales destinados a diferentes actividades comerciales y ajenas a los delitos investigados”.
Según explicó el abogado Naranjo, “es como si mi vecino de apartamento fuese lavador de dinero ilícito y entonces a mí me extinguen el derecho de dominio sobre mi apartamento”.
Adicionalmente, el alto tribunal consideró que “no hay evidencia de que la mandante hubiera podido sospechar o tener indicios de ese hecho o por lo menos en la sentencia atacada no se hizo mención a pruebas en ese aspecto”.
No obstante, a pesar del pedido de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá María Idalí Molina, ponente del caso, ratificó su decisión inicial sin mayores cambios: el inmueble debe seguir bajo extinción de dominio.
Este hecho, como era de esperarse, generó inquietud en el alto tribunal, que requirió a la magistrada para que, a más tardar este martes, entregue las consideraciones que tuvo en cuenta para ratificar su decisión inicial sin mayores modificaciones, a pesar del pedido de la Corte Suprema.
Embajada francesa, molesta
Mientras se resuelve el pulso judicial, el caso también ha generado repercusiones diplomáticas. El 20 de enero de este año, la Embajada Francesa nuevamente envió una comunicación al Gobierno colombiano, esta vez a través de la Cancillería, en la que le pide interceder para que haya intervención “de la Procuraduría General de la Nación o del Defensor del Pueblo” en este proceso.
Adicionalmente, la representación diplomática de Francia en Colombia le recordó a la Cancillería que Anne Emmanuel Sáenz Garrel “es discapacitada, no vive en el país y no habla en español”, razón por la cual entregó su inmueble en administración a terceros.
De esta manera, está ‘película’ es protagonista de múltiples instancias que tienen en juego no solo el futuro de uno de los inmuebles más emblemáticos del centro de Bogotá, sino un eventual incidente diplomático entre dos países que históricamente han llevado relaciones de amistad.