Se termina el gobierno de Gustavo Petro y su gestión en Colpensiones sigue dando de qué hablar. La saliente administración de Jaime Dussán acordó entregar millonarias sumas de dinero a un solo sindicato para apoyar su funcionamiento como organización, mientras que otras asociaciones se quedaron fuera de la negociación colectiva.
Cinco organizaciones sindicales habían entrado a un proceso de negociación con la administradora de pensiones de los colombianos desde el mes de mayo y entre estas quedaron reparos porque solo una quedó favorecida como resultado de ese diálogo, con beneficios directos, como giros de dinero del erario para su funcionamiento. Así quedó constatado en el documento final de la Convención colectiva de trabajo que suscribieron y a la que tuvo acceso SEMANA (ver facsímil).
Como resultado de eso, Dussán fue denunciado ante la Fiscalía por una de esas organizaciones sindicales, Sintrasecfin, por el presunto delito de violación de los derechos de reunión y asociación. En la querella también se menciona a otros altos directivos de la compañía que tiene a cargo la aplicación de la reforma pensional, la misma que sigue bajo estudio de la Corte Constitucional.
Con el nuevo acuerdo sindical, Sintracolpen pasó de recibir 32,5 millones de pesos en el convenio suscrito en 2025 a 110 millones de pesos en el pactado a finales de junio de este año, después de la segunda vuelta presidencial. En cuentas más simples, esa cifra significa más del triple de los recursos que había recibido en el último año.
Los recursos salen del erario que administra esa compañía y son utilizados para gastos de funcionamiento. Sin embargo, fuentes sindicales se quejan de que ese es el único sindicato que tiene acceso a los trabajadores cuando estos ingresan a la entidad y advierten que fue el único beneficiado como resultado de este proceso.
La cifra es tan alta que se acerca a los 125 millones de pesos que entregó Colpensiones a un total de cinco sindicatos durante 2025. Para entonces, como parte de los derechos adquiridos por los sindicatos, también se les giró un monto según su cantidad de afiliados en un plazo de dos meses.
La relación con las organizaciones de trabajadores ha sido una de las piedras en el zapato de las presidencias de Colpensiones, y esos colectivos laborales ahora advierten que, para el cierre de la gestión de Dussán, quedarán contratadas personas que califican como posibles cuotas políticas.
Un ejemplo es Mercedes Tunubalá Velazco, exalcaldesa de Popayán, designada como jefe de oficina y quien durante su administración en la Alcaldía tuvo señalamientos por presunta corrupción. También, Jhon Bairo Cohecha, quien tuvo aspiraciones políticas en 2022 y ahora administra uno de los despachos ubicados en Pereira. Entre otros nombres está el de Juan Carlos García García, quien perdió la alcaldía de Cómbita en las regionales de 2023 y es subdirector en la Vicepresidencia del Régimen de Prima Media.
Los nuevos señalamientos a la gestión de Dussán en Colpensiones se suman a los publicados por SEMANA en días recientes, en los que se documentó cómo la compañía será entregada con retrasos tecnológicos, un lío que complica la gestión de las pensiones de los colombianos.
SEMANA se comunicó con Colpensiones para obtener una respuesta sobre este caso, pero solicitaron un cuestionario que, al cierre de esta edición, no fue respondido.