Un informe del programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, realizado con información de la Registraduría y de la Misión de Observación Electoral (MOE), reveló que 170 municipios presentan riesgo coincidente de fraude y violencia para las elecciones de 2026, de los que 81 están en riesgo extremo.
El 11 por ciento del censo electoral, correspondiente a 4,5 millones de personas, está ubicado en esas zonas, un dato que muestra en qué lugares debe enfocarse la vigilancia electoral para intentar prevenir los delitos electorales.
Los delitos electorales ocurren cuando se afecta la libertad del votante, la transparencia de la votación o la verdad del resultado. Esas irregularidades pueden presentarse antes, durante y después de la elección e incluyen acciones como la compra o venta de votos, traslado irregular de votantes, amenazas, constreñimiento, obstrucción de los comicios y financiación ilegal.
Si un ciudadano es testigo de situaciones como ofrecimientos de dinero, mercados, transporte o favores a cambio del voto, presión para votar por un candidato, retención de cédulas, suplantación de votantes y maniobras para alterar actas o resultados, está ante un delito electoral que debe ser reportado a las autoridades.
¿Qué hacer ante un delito electoral?
“Primero, no confronte ni se exponga, sobre todo si hay agresividad o amenazas. Segundo, ubique datos básicos: lugar, hora, qué pasó, quiénes participaron y qué ofrecían o qué tipo de presión ejercían. Tercero, si el hecho está ocurriendo, avise de inmediato a la Policía o a la autoridad presente en el puesto”, detalla el informe de la Universidad San Buenaventura elaborado por la docente Margarita Martínez.
Los delitos electorales deben ser informados ante el puesto de ayuda dispuesto en los lugares de votación y denunciados ante la Fiscalía General de la Nación indicando lo ocurrido y, de ser posible, adjuntando pruebas. Para los casos en los que resultan involucrados servidores públicos, es pertinente elevar el caso a la Procuraduría.
En los casos en los que las presiones envuelven a un funcionario público, según el informe de esa institución, “además de describir el hecho, conviene registrar la entidad, el cargo y la forma de presión. Esa información ayuda a activar dos rutas: la penal (si hay posible delito) y la disciplinaria (por uso indebido del cargo o intervención irregular). Si existen mensajes, audios o testigos, deben preservarse y entregarse por canales formales”.