Una nueva denuncia sacude al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En esta oportunidad, la nueva directora, Carolina Restrepo, aseguró que su predecesora, Astrid Cáceres, designada por Gustavo Petro, tuvo más de 70 asesores en su despacho. Cáceres se defendió de los señalamientos en redes sociales y anticipó que la confrontación seguirá en los estrados judiciales.
Todo comenzó cuando Cáceres, que es una de las integrantes del “gabinete por la vida” del Pacto Histórico que le hará control al Gobierno de Abelardo De La Espriella, refutó las cifras del nuevo Presupuesto General de la Nación, en el que, a su juicio, el ICBF podría enfrentar recortes, y formuló las siguientes preguntas:
“¿Está en riesgo la continuidad de la vinculación laboral de madres comunitarias, hogares infantiles y madres sustitutas propuesta en el artículo 68 de la reforma laboral? ¿Está en riesgo el subsidio de sustitución pensional de exmadres comunitarias y su ampliación? ¿Qué exactamente se recorta cuando se recorta a lo social?”, dijo la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Carolina Restrepo no tardó en responderle: “Qué bueno verla ahora tan preocupada por el presupuesto del ICBF. Esa preocupación habría sido muy útil cuando tenía más de setenta asesores en su despacho, además de una planta de 35 asesores”.
SOLICITUD PÚBLICA DE RECTIFICACIÓN
— Astrid Eliana Cáceres (@AstridCaceresC) August 30, 2026
Señora @carorestrepocan:
La crítica política es legítima. La mentira presentada como hecho, no.
En su publicación usted formula varias afirmaciones concretas sobre mi gestión al frente del ICBF: que tuve “más de setenta asesores en mi…
Restrepo aseguró que la exfuncionaria del gobierno Petro tenía un asesor con una remuneración cercana a los 15 millones de pesos mensuales, más una prima técnica, y que se habría dedicado a “ser el todero del ICBF, verificando si había tornillos, bombillos y cuanto asunto apareciera”.
En la denuncia, la nueva directora del Instituto también sembró dudas sobre un proceso contractual: “(…) o cuando decidió seguir pagando un arriendo de más de 220 millones de pesos mensuales por unas instalaciones cuya ocupación pueden ver ustedes mismos”, y adjuntó fotografías de oficinas sin funcionarios.
Cáceres le pidió una rectificación: “Esas no son simples opiniones. Son afirmaciones de hecho, objetivamente verificables, mediante la planta de personal, los contratos, actos administrativos, estudios de necesidad, registros presupuestales y documentos oficiales del propio ICBF. Y, precisamente, por eso no puede presentar cifras aisladas, mezclar funcionarios de planta con contratistas, omitir su período de vinculación o sus funciones, ni construir a partir de esos datos una imputación de despilfarro como si fuera un hecho demostrado”.
La exdirectora le solicitó, además, publicar los documentos completos que soportan las acusaciones: “Nombres, cargos, modalidades de vinculación, fechas, dependencia, funciones, estudios técnicos y contratos respectivos. No generalizaciones ni cifras descontextualizadas”.