En medio de la batalla que se avecina por los votos en la costa Caribe de cara a la segunda vuelta presidencial, en la Hidroeléctrica Urrá, considerada un fortín burocrático de la región durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se están presentando un fuerte remezón de funcionarios y contratistas.
En los últimos cuatro años, el control de Urrá ha pasado por distintos grupos políticos de la región y ha estado rodeado de polémicas, que van desde la presunta influencia del clan Calle hasta un contrato multimillonario entregado a amigos de Nicolás Alcocer Petro, quienes terminaron incumpliendo.
SEMANA conoció que la barrida, que va desde despidos en empresas contratistas a salida de altos funcionarios, involucraría supuestas órdenes e injerencia de Angélica Verbel, viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa.
Este medio conoció tres denuncias de contratistas de la hidroeléctrica, y la declaración de Alejandro Padrón Pardo, exsecretario general de la empresa, que no solo señalan a la viceministra de estar detrás de los cambios, sino que hablan de una supuesta persecución contra trabajadores a quienes perciben cercanos políticamente al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
Eric Guerra Pereira es uno de los abogados contratistas a quienes se les avisó de la terminación de su contrato de forma anticipada, días antes de la primera vuelta, por supuestos incumplimientos a sus obligaciones.
De acuerdo con la queja disciplinaria que radicó, habló con el presidente de Urrá, Enrique Kerguelen, quien le habría dicho que su salida tenía motivos políticos.
“Al indagar por los motivos jurídicos, técnicos o presupuestales que sustentaran tal determinación, el mencionado funcionario omitió esgrimir causa legal o contractual alguna. Ante tal irregularidad, el día 29 de mayo de 2026, por iniciativa propia, sostuve una reunión con el Presidente de la entidad, ingeniero Enrique Kerguelen Méndez, encuentro en el cual salieron a relucir motivaciones de índole exclusivamente político”, se lee en el documento presentado por Guerra.
Y agregó: “Se me vinculó y cuestionó por una supuesta relación con el doctor Alejandro Padrón Pardo y con el abogado Abelardo de la Espriella, infiriendo de allí una supuesta militancia u orientación política de mi parte, que resulta inaceptable como criterio de permanencia contractual”.
El contratista aseguró que su relación con Padrón era académica y profesional, y que no pertenecía a dicho grupo político. Además, dijo que el exsecretario general no ha “solicitado apoyo electoral o político en favor del hoy candidato presidencial”.
Luego, menciona directamente a la viceministra, oriunda de Córdoba, como quien da “directrices” dentro de la compañía.
“Esta situación adquiere una gravedad mayúscula en el plano disciplinario, toda vez que se me ha informado que estas determinaciones obedecen a directrices directas de la junta directiva de la empresa y, presuntamente, a órdenes impartidas por la Viceministra de Defensa, Angélica Verbel”, dijo el contratista, quien también manifestó que estarían frente a una “auténtica masacre laboral”.
Igualmente, el contratista Andrés Felipe Angarita también presentó una queja disciplinaria en la que aseguró que, por su amistad con el exsecretario general y por una foto publicada en redes sociales con una camiseta de la Selección Colombia, se le notificó de la terminación del contrato.
Dijo que un directivo le contó que “lo llamaron desde arriba” para sacarlo de la empresa, lo cual fundamentaron con un supuesto incumplimiento del contrato.
“Con esta situación me siento perseguido políticamente, ya que observo cómo a través de la empresa están no solo pretendiendo poner en duda mi reputación profesional sino mi libertad de opinión y mi derecho fundamental al trabajo como independiente”, manifestó.
Y resaltó que, en conversación con otros funcionarios de Urrá, se enteró que las órdenes vienen de “las altas esferas del Gobierno y de la junta directiva”.
De la misma manera, la contratista Yury Márquez Osorio envió un oficio al presidente de Urrá, en el que aseguró que tres días antes de la primera vuelta fue notificada de la terminación de su contrato.
“Manifiesto que la facultad de liquidación del contrato se está ejerciendo de forma arbitraria y de mala fe, en detrimento de mis derechos, en razón a que obedece a una persecución laboral y política en mí contra, por ser amiga del anterior secretario general Alejandro Padrón Pardo, de quien manifiesto fue mi profesor en la universidad", sostuvo Márquez, dejando constancia de que no ha incumplido a su contrato.
Habla el exsecretario
Alejandro Padrón Pardo, exsecretario general de Urrá, fue retirado de su cargo el pasado 22 de abril de 2026, luego de que habría llegado el rumor de su cercanía con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella hasta altas esferas del Gobierno nacional.
En SEMANA, el abogado aseguró que en sus labores académicas y profesionales se ha mantenido lejos de los medios, pero “los acontecimientos ocurridos durante los últimos meses me obligan a hacer pública una situación que constituye una grave persecución política, laboral y personal promovida desde altas esferas del Estado”.
Manifestó que entró como secretario general de la hidroeléctrica cumpliendo requisitos: “Mi designación obedeció exclusivamente a criterios de idoneidad, mérito y capacidad profesional, circunstancias que pueden ser verificadas en mi hoja de vida y en el proceso de vinculación adelantado por la entidad”.
Y dijo que su desvinculación “se produjo sin que existiera causa objetiva, disciplinaria, legal o institucional que la justificara. Fui separado del cargo no por mis actuaciones, no por mis resultados y mucho menos por el incumplimiento de mis deberes, sino exclusivamente por mi amistad personal con el hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella”.
Luego, señaló directamente a la viceministra de Defensa, a quien culpó por presionar su salida con publicaciones en redes sociales en las que sale con el candidato presidencial.
“La viceministra de Defensa, Angélica Verbel, haciendo uso ilegal, arbitrario e indebido de información obtenida de mis redes sociales y con el único propósito de perseguirme políticamente, acudió a un video grabado en el año 2024, cuando yo no era funcionario de URRÁ y cuando el doctor Abelardo de la Espriella no ostentaba la condición de candidato presidencial“, sostuvo.
Y agregó: “Dicho material fue utilizado para justificar una persecución sustentada exclusivamente en una relación de amistad, llevando al extremo la utilización del poder público para intervenir en asuntos propios de la esfera privada”.
Según Padrón, Verbel remitió el material exigiendo su “desvinculación inmediata” por su amistad con el ahora candidato.
“No hubo otra razón. No existió causa jurídica, disciplinaria o institucional que la sustentara. La orden fue apartarme del cargo por una relación de amistad. Eso es persecución política. Eso es constreñimiento”, recalcó.
El exsecretario general aseguró que la situación terminó “rayando en el delito de calumnia” cuando “la información fue llevada hasta el señor presidente de la República, acompañada de afirmaciones absolutamente falsas y carentes de sustento”.
“Se aseguró que aquella reunión personal constituía una celebración relacionada con un supuesto negocio de venta de energía realizado por Urrá. Con ello, ya no solo se cuestionaba mi amistad con una persona determinada, sino que se me atribuían conductas que jamás ocurrieron, afectando gravemente mi honra, mi reputación profesional y mi buen nombre”, contó, aclarando que De la Espriella “nunca tuvo conocimiento” de su cargo en la hidroeléctrica.
Reiteró que Verbel, por su cargo y su cercanía con Petro, “manifestó a la empresa que mi despido era una orden y que dicha decisión había sido previamente concertada con el Ministro de Hacienda”.
Y, como evidencian las denuncias de contratistas, dijo que existe persecución contra personas percibidas como cercanas a él, que aún ejercen funciones en Urrá.
“Por esta razón hago públicamente responsable a la doctora Angélica Verbel de cualquier afectación que pueda sufrir mi integridad personal, familiar, profesional como consecuencia de esta campaña de señalamientos, estigmatización y persecución. Asimismo, responsabilizo a quienes, teniendo la obligación de proteger la institucionalidad y garantizar el respeto por los derechos fundamentales de los trabajadores, han decidido ejecutar o tolerar estas actuaciones", concluyó, recordando que la viceministra tiene a su disposición la inteligencia militar.
SEMANA consultó a la viceministra para la Estrategia y Planeación, quien respondió que no tiene injerencia en las decisiones que se toman en Urrá.
“Desconozco la razón o el objeto de tales aseveraciones. No tengo ninguna injerencia en Urrá, tal como lo mencionan, y no trabajo y nunca he trabajado en dicha empresa”, dijo.
Y aseguró que no conoce a Padrón: “Rechazo categóricamente cualquier afirmación que pretenda atribuirme decisiones relacionadas con su situación laboral”.
“Si cualquiera de las personas que formula estas acusaciones considera tener pruebas que respalden sus afirmaciones, corresponde que las presenten ante las autoridades competentes”, agregó Verbel.
La Hidroeléctrica Urrá se viene moviendo en plena antesala de la primera y segunda vuelta presidencial. Mientras tanto, será la batalla por la región Caribe la que defina la contienda electoral el próximo 21 de junio.