Hablemos de reformas, preguntas y posibilidades (II)
Continuando con la reflexión sobre las propuestas de reformas educativas, en especial la reforma a la Ley 30, hay aspectos destacados que merecen atención. Se resalta la propuesta de calcular los aportes anuales al sistema, en función del índice de costos del sector. No obstante, aún no se esclarecen las proyecciones financieras, lo que plantea dudas sobre el impacto fiscal del proyecto. Parece más de los programas del gobierno actual, que de la visión integral de la ley. Además, no se explican cómo se distribuirán los nuevos recursos, salvo una referencia a indicadores de equidad interinstitucional, que no se desarrollan en el texto.
La propuesta no incluye mecanismos que permitan articular el crecimiento de la cobertura con el fortalecimiento necesario de capacidades institucionales en infraestructura física y tecnológica, investigación e innovación. También se menciona la contratación docente con metas muy próximas, lo que podría requerir recursos significativos no especificados en el proyecto. Además, no se aborda en el articulado la discusión relacionada con el Decreto 1279, que está vinculado con los problemas de financiación de las instituciones de educación superior (IES) públicas y la remuneración de los docentes.
Por otro lado, deja muchas preguntas. Las pocas referencias a las instituciones privadas, que actualmente representan aproximadamente el 50 % de la matrícula en el país y han contribuido a la evolución del sector. Los rankings internacionales muestran que tanto las IES públicas como las privadas ocupan los primeros lugares, lo que resalta la fortaleza del carácter mixto de la educación superior en Colombia.
Preocupa el poco alcance que se le da a la rendición de cuentas y a la inspección y vigilancia en la propuesta. También es desconcertante la omisión de los exámenes de Estado, un tema que necesita ser explicado. La supresión del alcance de las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) es otra cuestión que genera preocupación, ya que esta instancia debe proporcionar garantías y facilitar amplias discusiones en temas importantes como la creación de instituciones. Todo lo que permita que sean más miradas las que blinden las decisiones, sin ser instancias burocráticas, fortalece al sistema, y no, como está planteado, concentrando en el poder de la administración de turno temas transcendentales para el sector educativo.
La propuesta también posterga el tema de la calidad, desconociendo los esfuerzos realizados en los últimos años y confundiendo el proceso del trámite de registro calificado con las reflexiones y cambios normativos necesarios para sintonizar el sistema a temas importantes como la flexibilidad, la internacionalización, el enfoque de los pregrados, las nuevas tecnologías y su impacto en el aprendizaje, la globalización de los sistemas, la lectura del contexto rural, la salud mental, la investigación como herramienta formativa, entre otros que tiene la oportunidad de incluir en la reflexión.
Si bien la normatividad ha desarrollado la función de Icetex en leyes particulares, y el Gobierno ha anunciado una ley de reforma, este proyecto elimina, de forma que sorprende, la exigibilidad de canalizar los recursos de la nación para becas a través de Icetex. Con esto se desconoce la especialidad de Icetex en la gestión de estos recursos y se abre una puerta para que cada ministerio cree su propia estructura para otorgar becas. También de la lectura del proyecto se percibe la visión de extinguir el crédito educativo en el mediano plazo.
Finalmente, al mirar la propuesta de órganos de gobierno de la educación superior, se debe reflexionar sobre cómo la autonomía debe favorecer las condiciones para la excelencia, la rendición de cuentas y una gestión oportuna, evitando conflictos de interés y asegurando el funcionamiento de la institución con una cooperación constructiva del gobierno universitario, sin que esto se convierta en un cogobierno. Por eso, genera mucha inquietud que la propuesta resalta como un avance positivo para el sector educativo el cogobierno.
Son muchos los temas importantes que deben abordarse colectivamente en este proceso de reformas. Esperamos que sea plural, esté bien fundamentado técnicamente, con proyecciones financieras viables en el tiempo y que no solo responda a reclamos de algunas organizaciones en el presente, sino que marque un camino en el que todos requerimos participar y transitar, es un tema fundamental para el país y sin lugar a dudas un tema de TODOS.
Lea aquí la primera entrega del análisis de la exministra María Victoria Angulo.