Federación Nacional de Departamentos alertó que contrabando de cigarrillos en 2023 fue del 35%, el más alto registrado en el país

La Federación Nacional de Departamentos (FND) presentó un informe de un estudio realizado por Invamer en el que se evidencia la preocupante situación de contrabando de cigarrillos en el país. Según alertaron desde el organismo nacional, para 2023 se registró una comercialización ilegal de este producto del 35 %, el mayor registrado en la historia de la nación.

Una de las alertas es que los departamentos con mayor contrabando que se evidenció el año pasado son: La Guajira con el 91 %, Cesar con el 85, Sucre con el 75, Bolívar con el 74 y Norte de Santander con el mismo número.

“Por causa del contrabando de cigarrillos, Colombia ha perdido 3,6 billones de pesos en los últimos cinco años. Contrarrestar este fenómeno nos llama a seguir aunando esfuerzos técnicos, operativos y de comunicación para que las bandas criminales que se valen del contrabando de cigarrillos para lavar dinero no usen a la población civil como medio para delinquir”, aseguró el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera Amado.

La Federación recalca que una de las problemáticas es que este delito afecta directamente a la ciudadanía porque el impuesto por el consumo de cigarrillos se destina para financiar el deporte y la salud en las regiones. Es decir, que si se ingiere más tabaco de forma ilegal se reducen los ingresos de estos rubros, pero de todas maneras se está afectando la salud pública.

Por otro lado, parte de los recursos recolectados de la venta de cigarrillos terminan en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Otro de los datos preocupantes es que, según el estudio, en lugares donde se había controlado el contrabando volvió a incrementar. Por ejemplo, es el caso de Quindío en donde creció un 29 %, Chocó 22 %, Cauca 15 % y Cundinamarca 19 %.

Mientras que otros departamentos se destacaron por la reducción del consumo de cigarrillos. Por ejemplo, en el caso de Córdoba se redujo en un 32 %, Sucre 16 %, Vichada 14 %, Arauca 13 % y Magdalena 11 %. Se destacan los casos de Caquetá y Guainía, donde no se reportó el consumo de cigarrillos ilegales.

Por su parte, se encontró que el 83 % de las cajetillas que se comercializan de contrabando se venden en tiendas de barrio.

La mayor motivación de los consumidores para acudir a estos productos es el valor, con un 89 %, seguido por la disponibilidad con el 42 %. El costo promedio de una cajetilla ilegal de cigarrillos de 20 unidades es de 4.208,54 pesos, siendo Ultima los más económicos.

Las principales marcas ilegales que se encontraron en el mercado colombiano fueron: Rumba, Carnival, Real y Marshal, provenientes de Uruguay (11,4 %), Corea del Sur (6,9), Emiratos Árabes / Dubái y China (3,9 %).

Otro de los grandes hallazgos es que el Observatorio de Registro y Control Anticontrabando (Orca) de la FND se encontró que durante el año pasado se aprehendieron 5,5 millones de productos de cajetillas de cigarrillos que están avaluadas en más 11.500 millones de pesos.

La alerta es que el impuesto al consumo de estos productos representa una importante fuente de ingresos para los departamentos. Por ejemplo, entre 2015 y 2023 el 48 % del total de los ingresos tributarios provino de allí. En el caso de 2023, se recaudaron 4,04 billones de pesos.

Uno de los hechos que llamó la atención del estudio es que a pesar de que muchas personas saben que estos recursos recaudan impuestos y van destinados a salud, recreación y deporte, a las personas que los compran ilegal parece no importarles.

El 53 % de los encuestados dijeron conocern que se paga un impuesto por el consumo de cigarrillos y que el 61 % sabe que el dinero recaudado está destinado a salud, recreación y deporte, mientras que el 71 % dice no estar dispuesto a pagar más por una cajetilla sabiendo cuál será el fin del impuesto recaudado.

Por otro lado, quien comercialice productos ilegales podría exponerse al decomiso de la mercancía y el cierre de su establecimiento por 120 días, la cancelación o suspensión de la licencia o registro y multas que pueden ir hasta la privación de la libertad.

Las personas pueden denunciar este tipo de delitos a la línea 159 de la Policía Fiscal y Aduanera.

Este estudio será presentado el próximo 8 de febrero en la Cumbre de Gobernadores ‘Construyendo el desarrollo desde las regiones’.