La exrepresentante a la Cámara por Cundinamarca Gloria Liliana Rodríguez Valencia culminó su gestión en el Legislativo con un balance que combina el liderazgo institucional en materia presupuestal y fiscal con una agenda legislativa orientada a la inclusión social, el fortalecimiento territorial y la ampliación de derechos para poblaciones históricamente vulnerables.
Durante la última legislatura, ejerció la Presidencia de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, una de las células legislativas con mayor incidencia en la definición de la política fiscal del Estado.
Desde esa responsabilidad dirigió el trámite de las principales iniciativas relacionadas con el Presupuesto General de la Nación, las finanzas públicas, el sistema tributario, el control fiscal y la asignación de recursos para la inversión social.
Según el informe de gestión, la Comisión Cuarta desarrolló 15 sesiones ordinarias, participó en 12 sesiones conjuntas de las Comisiones Económicas Constitucionales y realizó 17 reuniones de coordinación institucional para la programación y conducción del trámite legislativo.
En ese mismo periodo se estudiaron y tramitaron nueve proyectos de ley de competencia de la comisión y se dio respuesta a 72 solicitudes ciudadanas, fortaleciendo los mecanismos de interlocución entre el Congreso y la sociedad civil.
Rodríguez Valencia dijo que uno de los hitos de la legislatura fue la conducción del estudio y aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026, proceso que implicó la coordinación técnica de las sesiones conjuntas de las Comisiones Económicas, el análisis de la distribución sectorial de los recursos públicos y la articulación entre el Gobierno Nacional y el Congreso para garantizar la continuidad de la inversión estatal.
Paralelamente, lideró la discusión de la Ley de Financiamiento y de la adición presupuestal, iniciativas fundamentales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Estado.
También promovió iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional de los entes territoriales. Entre ellas sobresalen un proyecto de ley para ampliar las herramientas de control político de los concejos municipales y otra iniciativa destinada a crear un subsidio de transporte para integrantes y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, propuesta que avanzó con la aprobación de su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Su gestión incluyó igualmente la articulación interinstitucional con el Fondo Nacional del Ahorro para promover mecanismos que faciliten el acceso a soluciones de vivienda para trabajadores independientes e informales, así como el trabajo conjunto con el Departamento Nacional de Planeación en la formulación de estrategias dirigidas a personas en situación de calle y otras poblaciones en condición de alta vulnerabilidad.