Con la firma de un decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Petro estaría buscando la forma de eliminar la prima de servicios del salario de los congresistas. Según trascendió, el ejecutivo justificaría su decisión en el concepto de la Corte Constitucional en el que aseguran que la prima de salud, localización y vivienda no son de pago obligatorio.
Esa declaración de la Corte Constitucional se remonta al año 2013 cuando fue creada, por el gobierno Santos, la prima de servicios para reemplazar la de salida y localización que se había caído en el alto tribunal.
De ser cierta la medida estudiada por el Gobierno Petro, los congresistas de la República perderían automáticamente cerca de 15 millones de pesos de su asignación salarial.
De acuerdo con el texto conocido, el eventual decreto argumentaría que la Constitución establece que la asignación de los miembros del Congreso debe reajustarse cada año con base en el promedio de los incrementos salariales de los servidores de la administración central, sin que ello implique la obligatoriedad de primas adicionales.
En esa línea, el documento cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que permitiría al Ejecutivo decidir si reconoce o no determinadas primas, al considerar que no serían forzosas ni automáticas.
El borrador que circula plantearía que el Decreto 2170 de 2013 se expidió bajo una interpretación específica de esa jurisprudencia, con el fin de corregir una supuesta distorsión en la escala salarial de los congresistas.
Sin embargo, la nueva disposición del Gobierno Petro sostendría que dicha prima podría generar inequidades y que su aplicación resultaría “compleja y subjetiva” especialmente por la “falta de uniformidad en el concepto de residencia que sirvió de base para su reconocimiento”.
Además, se espera que el nuevo decreto señale que la remuneración actual de los congresistas sería desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y a la realidad económica del país, lo que dificultaría el cierre de brechas planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.
En ese contexto, el Gobierno consideraría necesario reorientar el gasto público y adoptar medidas de austeridad que, según el texto, no afectarían derechos fundamentales.
De concretarse, el decreto derogaría formalmente la prima especial de servicios a partir de su publicación y establecería que no se reconocerían ni pagarían beneficios derivados de esa disposición, especialmente para los congresistas que se posesionen desde el 20 de julio de 2026.
Todo ello, por ahora, quedaría sujeto a que el borrador avance y se convierta en un acto administrativo definitivo. Es importante aclarar que ni el Ministerio de Hacienda ni el del Trabajo se han pronunciado al respecto.