De acuerdo con el informe de empalme de Rodrigo Lara, ministro del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no tiene recursos para garantizar escoltas y vehículos hasta finalizar el año.
El documento asegura que los rubros destinados a escoltas, vehículos, dotación y viáticos, que concentran el 80 % del presupuesto de la entidad, “se agotan el 30 de agosto y el 30 de septiembre de 2026”.
El panorama se agrava porque en esas mismas fechas vencen cuatro contratos de protección. De esa forma, el informe advierte que el esquema encargado de proteger a cientos de líderes sociales, exfuncionarios y personas amenazadas podría quedarse “sin los recursos que lo sostienen” en cuestión de semanas.
“Los esquemas de protección que dependen de la UNP resguardan a personas cuya vida está en riesgo por su liderazgo social o su testimonio judicial: un vacío presupuestal en esos contratos no es un problema administrativo, es un riesgo humano inmediato”, advirtió Lara.
El balance señala que se pidió suspender una contratación directa de drones y antidrones por 50.000 millones de pesos, debido a que presuntamente no contaba con viabilidad técnica ni disponibilidad presupuestal certificada.
También quedó bajo revisión la vinculación, en julio de 2026, de cerca de 1.500 escoltas y funcionarios administrativos, por posibles incumplimientos de requisitos y la presentación de títulos presuntamente falsos.
Dentro de los 23 casos de presunta corrupción, el Equipo Élite Anticorrupción examinó otro proceso de la UNP por más de 78.000 millones de pesos para contratar servicios de escolta.
La licitación priorizaba únicamente dos de las diez zonas del país, dejando por fuera otras regiones consideradas estratégicas.
Ante los cuestionamientos sobre la delimitación del contrato, el Equipo Élite presentó una queja disciplinaria y solicitó suspender al director de la entidad. Por ello, un juez de Pereira ordenó detener provisionalmente el proceso contractual mientras se evaluaban las circunstancias advertidas.
El panorama podría prolongarse durante el próximo año, dado que el documento advierte que la UNP solicitó para 2027 un presupuesto 18,2 % inferior al de 2026, lo que podría reducir aún más su capacidad de respuesta.
Finalmente, el ministro Lara aseguró que “la gobernabilidad del país empieza por garantizar que ningún colombiano se quede sin protección, sin pasaporte o sin la respuesta del Estado que la ley le debe”.