Política
La historia de la congresista liberal cercana a Petro, quien cobraba su sueldo de representante y pensión al tiempo, y hoy está en líos
La dirigente liberal suspendió la pensión por jubilación cuando asumió como congresista, pero no la gracia que le otorgó el Estado porque ejerció la labor como docente. El tema escaló a lo judicial. Perdomo se defiende y tiene su propia versión de los hechos.

La congresista huilense Flora Perdomo está en líos porque la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional (UGPP) encontró que, además de recibir su sueldo como representante a la Cámara por el Huila, también cobraba su pensión como docente de esa región del país. Actualmente, ese despacho adelanta un proceso de cobro coactivo contra la dirigente política con el objetivo de que reintegre los dineros públicos que, al parecer, se pagaron de forma irregular.
La noticia la divulgó recientemente el diario La Nación de Huila, que informó que Perdomo llegó al Congreso en 2014 y ha venido recibiendo “ilegalmente” el sueldo de parlamentaria más su pensión de gracia que obtuvo en el 2009, tras 27 años de ejercer como profesora.
Explica el medio que Flora Perdomo pidió la solicitud de la suspensión de la pensión por jubilación antes de ser elegida como congresista el 20 de julio de 2014, cuando llegó por primera vez al Legislativo. No obstante, no hizo la petición para su pensión de gracia, reconocida por su papel como docente.

“Una vez revisada la información que reposa en los aplicativos de consulta de esta Unidad, se evidencia que existió a su favor simultaneidad en el pago por concepto de salario y pensión provenientes del tesoro público en los mismos periodos, contrariando lo dispuesto en el artículo 128 de nuestra Carta Política y, a su vez, lo determinado en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992″, informó Karen Patricia Ayos Vargas, subdirectora de Nómina de Pensionados.
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La congresista, aliada política del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, y quien aspira a revalidar su curul en el 2026, reconoció que ella solicitó ante la Alcaldía de Neiva la suspensión de su pensión de jubilación, pero no la gracia.

Según ella, la pensión gracia es compatible con el salario que recibe como congresista, que hoy alcanza los 49 millones de pesos mensuales.
“La suspensión de los pagos de la pensión gracia se hizo de manera unilateral, vulnerando mi derecho de defensa y contradicción. La pensión gracia goza de presunción de legalidad, además de haber nacido a la vida jurídica cuando cumplí los requisitos para adquirir esta prestación especial”, le dijo Perdomo al diario local.
“Resalto que dichas mesadas han sido canceladas bajo los postulados de buena fe y confianza legítima, toda vez que se me concedió por cumplir con los requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia para ello”, añadió.
El tema ya trascendió a lo jurídico. Flora Perdomo, quien hace parte de las congresistas liberales que vota a favor las reformas al gobierno de Gustavo Petro, elevó sus reclamos a la Unidad de Gestión Pensional, pero no tuvo eco.
Además, le fallaron en contra por improcedente una tutela en primera y segunda instancia. Y, ahora, demandó la nulidad de los actos administrativos, donde pide que se deje sin efectos el proceso de cobro coactivo en su contra porque recibe doble ingreso de salario del Estado.
La demanda está en manos del Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, que ya la admitió.
Flora Perdomo emitió un comunicado de prensa sobre el tema donde explica lo ocurrido.
“Los docentes nos regimos bajo un régimen especial y que al momento de cumplir nuestro tiempo de servicio, debido a las luchas sindicales y acuerdos entre el Ministerio de Educación, el Gobierno y el magisterio adquirimos algunas prerrogativas que están enmarcadas dentro de la ley y ello no indica que estemos cometiendo delitos o desarrollando acciones fraudulentas como se ha querido dar a entender a la opinión pública”, se lee en el documento.
Agregó: “Por último, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, en uno de sus apartes, expresa lo siguiente, en cuanto a la arbitrariedad que se está cometiendo en mi caso y por la cual estoy dando una legítima reclamación: ‘el régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Asimismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida’”.
Por lo anterior, Perdomo manifestó que seguirá luchando con las herramientas que la Ley y la jurisprudencia le otorgan, “en defensa de mis derechos fundamentales y que nos han sido otorgados de buena fe, siempre ejerciendo mi derecho de defensa y contradicción ante nuestra Justicia, en la cual creo absolutamente, como ciudadana de bien que acata y respeta la Constitución Política de Colombia”.
Por último, dejó claro que “en este proceso no hay cosa juzgada y eso debe quedar claro. Es una disputa en el marco de la ley. Por un lado el ente pensional que dice no tengo derecho al pago por mis años de servicio en la docencia y por el otro la suscrita ciudadana que considera bajo el marco de la ley tener el derecho de hacer uso de ese beneficio establecido y regulado por las mismas normas de nuestro país”.