Jorge Iván González, el primer director de planeación que tuvo Gustavo Petro, conceptuó en contra de la emergencia económica decretada por el primer mandatario ante la Corte Constitucional.
González es uno de los economistas más respetados del país y uno de los funcionarios técnicos que tuvo el gabinete de Petro desde agosto de 2022 y que despertó admiración en todos los sectores políticos. No obstante, salió de la administración en medio de profundas diferencias con el jefe de Estado.
SEMANA conoció que González hace parte de los académicos que conceptuó sobre la emergencia económica decretada por Petro y que está siendo objeto de revisión ante la Corte. Y su posición, divulgada en cinco páginas, fue en contra.
“Ninguna de las razones que invoca el Gobierno para justificar la emergencia económica es sobreviniente”, concluyó el exdirector de Planeación Nacional.
Y entregó las razones, entre ellas: “En el debate público ha sido claro que la UPC es insuficiente. El monto del faltante no se conoce con certeza. Una de las razones es la falta de información sistemática y regular. No obstante la imprecisión de la información, el déficit del sector ha sido evidente, y el cálculo de la UPC continuará siendo objeto de discusión. No existe el mínimo acuerdo sobre el valor más adecuado de la UPC. Y a este consenso no se ha llegado porque la información es caótica. De todas maneras, el tema no es nuevo”.
La segunda razón —según González— “es que el incremento de la violencia ha sido progresivo. El conflicto se ha ido agudizando a la vista de todos. En lugar de la paz total, se ha ido avanzando hacia negociaciones parciales, sobre todo en Nariño. En el plan de desarrollo de este gobierno, Colombia Potencia Mundial de la Vida, se puso en evidencia la complejidad de la violencia en diferentes territorios. La coca y la minería ilegal continúan financiando a los grupos armados. El precio del oro ha alcanzado niveles excepcionales. Se está cotizando a US 4.700 la onza. En el plan de desarrollo se afirma que la consecución de la paz obliga a cumplir dos condiciones. Por un lado, tiene que ser integral y, por el otro, debe estar respaldada en proyectos económicos estratégicos, que sean suficientemente atractivos para que la persona abandone el cultivo de coca o la minería ilegal. En síntesis, el tema no es nuevo”, afirmó.
La tercera razón: “La crisis fiscal tampoco es un hecho sobreviniente. En los dos intentos de reforma tributaria que fracasaron, se hace una exposición de motivos que pone en evidencia las dificultades fiscales. Ambas propuestas no tuvieron buena acogida en el Congreso, y habría que preguntarse por la forma como el Gobierno tramitó los proyectos. En los marcos fiscales de esta administración se ha mostrado la dificultad del panorama de las finanzas públicas. Además, los documentos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) también advirtieron sobre el desequilibrio fiscal. El Fondo Monetario Internacional pidió un manejo prudente de las finanzas públicas. Por tanto, el tema no es nuevo”.
González también entregó la cuarta razón: “Siempre hay desastres naturales y, aunque no se pueden predecir, los hechos señalados por el Gobierno no justifican la emergencia. En el presupuesto se dejan recursos que permitan responder a las eventuales emergencias. Los desastres naturales que se han presentado no justifican la emergencia”.
“Sentencias judiciales sin pagar. En todos los marcos fiscales se incluye un estimado de estos pasivos. En el último marco fiscal se calculó en $ 12,2 billones”, afirmó. Y reiteró: “Conclusión, no es un hecho nuevo”, añadió.
En el informe también se lee la sexta razón: “Obligaciones atrasadas como en servicios públicos. Desde el comienzo del Gobierno eran claros estos faltantes, que se agudizaron con la pandemia. La situación inicial del Gobierno era crítica por diversas razones. Primera, el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), que en 2022 era de $ 37 billones. Segunda, las obligaciones de pago de los créditos de corto plazo que se contrataron durante los meses del covid. Tercera, el desbalance ocasionado por la opción tarifaria. Durante la pandemia era impensable subir las tarifas de los servicios públicos. Se generó un déficit que tiene que ser compensado por este gobierno. Cuarta, la compensación que debe hacer el Gobierno para responder por el riesgo de demanda de las concesiones viales”.
“Estos desbalances eran claros desde el comienzo del gobierno. No son nuevos”, dijo.
Y siguió: “Regla fiscal y endeudamiento. Las discusiones alrededor del cumplimiento de la regla han sido intensas. En Colombia, cuando comenzó a aplicarse la regla fiscal, en el 2012, el porcentaje del saldo de la deuda pública (GCN) con respecto al PIB era 33,2 %. En el 2025, de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo sería de 61,3 %. Es claro, entonces, que durante los 13 años de vigencia de la regla, la deuda ha aumentado de manera significativa. La administración Petro, como las anteriores, ha encontrado diversas maneras de hacerle el quite a la regla fiscal, como las llamadas transacciones de única vez. En síntesis, el tema no es nuevo”.
González entregó más argumentos: “Restricciones de caja. Las dificultades de caja se pueden estimar. De hecho, en los marcos fiscales se calculan los faltantes. Una de las razones de los problemas de caja han sido los cálculos equivocados que han hecho Hacienda y la Dian del recaudo”.
Y remató: “Los errores de estimación no se pueden considerar hechos sobrevinientes. De nuevo, habría que discutir si las transacciones de única vez se pueden considerar como sobrevivientes. En todo proceso presupuestal hay incertidumbres que pueden ser relativamente manejables. En resumen, la emergencia económica no se justifica”.