En la Casa de Nariño hay afán para que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara avance en el cierre de algunas de las 200 investigaciones penales y disciplinarias que tiene Gustavo Petro y que le podrían generar futuros dolores de cabeza.
Al mandatario le quedan menos de tres meses en el poder y a la actual Comisión de Investigación dos meses porque su período finaliza el 20 de julio.
Uno de los casos que más concentra la atención del Palacio Presidencial es el de violación de topes electorales y financiación prohibida de la campaña presidencial de Gustavo Petro, donde se investiga, exclusivamente, la labor que desempeñó el mandatario cuando fue candidato en 2022.
SEMANA conoció que el triunvirato que investiga al presidente por este tema está dividido, pese a que los tres congresistas que lo integran (Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, de La U) han sido solidarios y cercanos con el Gobierno Petro.
Alirio Uribe, el parlamentario y abogado más cercano a Gustavo Petro, y hoy fiel en la campaña de Iván Cepeda, radicó oficialmente ante sus dos compañeros la propuesta para inhibir a Gustavo Petro de esta investigación.
“Se ordena proferir resolución inhibitoria en materia penal a favor de Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente, y abstenerse de abrir investigación formal en su contra por atipicidad de la conducta, respecto de los delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de pago, omisión de información del aportante, fraude procesal”, se lee en el documento radicado por Uribe y revelado por SEMANA.
Sin embargo, asesores del congresista del Partido de la U, Wilmer Carrillo, han dejado entrever que él estaría contemplando la opción de preparar su propio auto donde, contrario a lo propuesto por Alirio Uribe, pedirá abrir formalmente una investigación penal contra el presidente por los hechos ocurridos en la campaña presidencial del 2022.
Al fin y al cabo, la sala plena del Consejo Nacional Electoral falló en contra de las directivas de la campaña y las sancionó por más de 5.300 millones por violación de topes electorales y financiación irregular. Él no está dispuesto a enfrentarse nuevamente con la Corte Suprema, a donde fijo lo denunciarán por prevaricato si absuelve al jefe de Estado.
Recordemos que Carrillo fue condenado recientemente a ocho años de cárcel por parte de la Corte Suprema por un hecho de corrupción cuando fue secretario de Infraestructura en Norte de Santander y, si corre con la peor suerte, podría terminar en la cárcel y sin posesionarse como senador el próximo 20 de julio.
La congresista Gloria Arizabaleta, además, presidenta de la Comisión de Investigación, tiene serias dudas de respaldar la propuesta de Alirio Uribe de inhibir a Petro y no descarta solicitar nuevas pruebas dentro del expediente para tomar la decisión, pues el CNE tuvo en cuenta algunos interrogatorios que la Comisión no adelantó, según le dijeron a SEMANA algunos de sus asesores.
Si Arizabaleta busca más pruebas, el tiempo correrá; Alirio Uribe no será más congresista y ella tampoco, y lo más probable es que este expediente se entregue a los próximos congresistas que integren la Comisión. Y, en ese orden de ideas, la suerte del presidente sería incierta.