El Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre) prorrogó hasta junio de 2026 el millonario y controvertido contrato de asesoría jurídica al Estado de Colombia frente a las sanciones impuestas al presidente Gustavo Petro por parte de Estados Unidos, durante el gobierno de Donald Trump.
Así lo confirmó SEMANA en la página de Secop II donde aparece el documento de adición.
“Prórroga al contrato de prestación de servicios profesionales altamente calificados 001-2026 celebrado entre el Dapre y la firma Amadeus Consultancy Limited”, se lee textualmente en la página oficial.
Aunque la prórroga genera polémica, quedó claro que “no implica modificación alguna al valor total del contrato, el cual permanece en 10.000 millones de pesos equivalentes a dos millones de libras esterlinas (£2.000.000). El saldo pendiente por cancelar corresponde a los pagos segundo, tercero y final, cuya procedencia está condicionada a la aprobación por parte de la supervisión, conforme a lo estipulado en la Cláusula Sexta del contrato”.
Y es que durante la ejecución del contrato se presentó una situación de orden tributario no prevista, relacionada con la obligación a cargo del contratista de inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como de asumir el pago del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) causado por los servicios prestados con cargo al presente contrato.
“Esta circunstancia, que surgió a partir de actuaciones administrativas y legales adelantadas ante la autoridad tributaria colombiana durante la ejecución del contrato, impactó la programación de pagos inicialmente pactada, ya que su atención requirió del despliegue de gestiones adicionales de naturaleza fiscal y administrativa, las cuales no estaban contempladas en el cronograma original de ejecución”.
El objeto del contrato también se mantiene: “Prestar los servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional orientada al análisis informativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras, así como la elaboración de conceptos técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas estratégicas”.
En el contrato quedó claro que inicialmente el plazo de ejecución estaba estipulado hasta el 30 de abril de 2026, pero se plazó hasta junio de 2026.
La Procuraduría abrió una indagación preliminar al Dapre por la firma de este millonario contrato de forma directa porque encontró, entre otras razones, que contempla un esquema de pagos de cuantía muy elevada, concentrados en un corto período de ejecución, “sin que se observe una justificación técnica suficiente que explique la urgencia de la contratación ni la imposibilidad de acudir a capacidades institucionales del Estado, cooperación interinstitucional o expertos nacionales, lo cual genera serios cuestionamientos frente al principio de planeación”.
Como si fuera poco, en la minuta no se exigieron garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía, dijo el organismo de control.
La denuncia la instauró en su momento ante el organismo la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien consideró que los recursos de los impuestos de colombianos no deben utilizarse para financiar defensas personales.
El Departamento Administrativo de la Presidencia expidió un comunicado de prensa en su momento donde aclaró que dicho contrato no se firmó para satisfacer los intereses personales del jefe de Estado.
“Los registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (FARA Database), así como los archivos institucionales del Dapre, evidencian que desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular y transparente, a firmas especializadas en los Estados Unidos, a través de distintos gobiernos y entidades, con el propósito de fortalecer su interlocución internacional, prevenir riesgos financieros y salvaguardar su reputación y estabilidad institucional. Esta práctica se mantuvo durante las administraciones de los presidentes Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez”.