Si nada extraordinario ocurre, Gustavo Petro terminaría su poder el próximo 7 de agosto con un premio gordo: la absolución penal de la Comisión de Acusación de la Cámara por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y violación de topes electorales, tal como lo advirtió SEMANA.
Este medio conoció que el congresista Alirio Uribe, del Pacto Histórico –el más cercano a Gustavo Petro del triunvirato que adelanta la investigación contra el mandatario, donde están los representantes Gloria Arizabaleta, también del petrismo, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U–, presentó oficialmente un “auto interlocutorio por medio de la cual se profiere decisión inhibitoria en materia penal” en favor de Petro.
SEMANA estableció que en el resuelve propuesto por Uribe “se ordena proferir resolución inhibitoria en materia penal a favor de Petro Urrego, en calidad de presidente, y abstenerse de abrir investigación formal en su contra por atipicidad de la conducta, respecto de los delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de pago, omisión de información del aportante, fraude procesal”.
También pidió compulsar copia íntegra de las piezas procesales a la Fiscalía “para que adelante las actuaciones a que haya lugar con relación a las actividades investigativas adelantadas entre el 18 de julio de 2022 y el 10 de noviembre de 2022, mediante las cuales dicho despacho adelantó actuaciones penales contra Petro, a pesar de su calidad foral”. Y remitió el proceso para que se investigue a Ricardo Roa.
En el auto se lee que hay “ausencia total de dolo y la acreditada voluntad del investigado (Petro) de actuar bajo el principio de transparencia y estricto cumplimiento legal”. Y agrega que “el acervo probatorio integrado por los testimonios de Ricardo Roa y Laura Sarabia ratifica que Petro impartió instrucciones perentorias para ser ‘minuciosos con la procedencia de los recursos y no violar los topes’, delegando la gestión operativa en profesionales cualificados bajo un régimen de auditoría interna y externa”.
Bajo la dogmática penal, “esta delegación activa el principio de confianza, en virtud del cual el candidato puede confiar legítimamente en que su equipo técnico presentará información veraz ante la autoridad electoral”.
Se lee que, al no existir prueba de que el presidente haya ordenado, incentivado o consentido el ocultamiento de información relevante para inducir en error al Consejo Nacional Electoral, “no es posible atribuirle el ánimo defraudatorio que exige el delito de fraude procesal”.
Y sigue: “La indagación previa desplegada por este triunvirato investigador no ha arrojado evidencia material ni probatoria que permita afirmar que Gustavo Petro indujera en error a la autoridad electoral mediante informes mendaces. Se estableció, además, que los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de la coalición Pacto Histórico fueron sometidos a un riguroso sistema de pesos y contrapesos que incluyó auditorías internas y la supervisión técnica en tiempo real de la firma Nexia Montes & Asociados. Estos dictámenes periciales concluyeron que los estados financieros expresaban una imagen fiel de la realidad económica de la contienda, lo que desvirtúa técnicamente la existencia de una maniobra engañosa orientada a viciar el juicio de la administración de justicia”.
El documento de Alirio Uribe tiene 200 páginas y tendrá que llegar a manos de los congresistas Gloria Arizabaleta, también del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, para su aprobación. El problema es que asesores de Arizabaleta le dijeron a SEMANA que ella no descarta solicitar nuevas pruebas porque el CNE, en la sanción administrativa contra los directivos de la campaña de Petro, por más de 5.300 millones de pesos, tuvo en cuenta algunas pruebas que la Comisión no revisó.
Por su parte, Wilmer Carrillo, el otro investigador de Petro, está en una encrucijada. Fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema a ocho años de cárcel por irregularidades en un contrato de obra pública cuando fue secretario de Infraestructura en Norte de Santander. Y algunos de sus asesores le dijeron a SEMANA que él contemplaría proferir su propio auto en contra del presidente. Si eso ocurre, la propuesta de absolución de Alirio Uribe podría enredarse. ¿La enderezará el Gobierno?