El Invima es una de las entidades estatales más importantes del país, dado que es la encargada de proteger la salud pública en Colombia mediante el control y la vigilancia de productos de consumo humano. Entre sus funciones está revisar la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos, alimentos, bebidas, cosméticos y dispositivos médicos.
También está la función de otorgar permisos a empresas para fabricar, importar y comercializar productos aptos para la población, además de inspeccionar plantas y mercados para evitar daños a la salud colectiva. Pese a sus funciones, el Invima enfrenta actualmente varios problemas que han afectado a millones de pacientes en todo el país.
Esto se debe a que se ha presentado un represamiento en el registro de distintos medicamentos, lo que ha impedido su aprobación y que los pacientes puedan tener mayores alternativas en el mercado. Sin embargo, hace algunas horas, la senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas radicó un proyecto de ley que buscaría modernizar la entidad.
Con ello, se buscaría reducir los retrasos en la evaluación de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y otros productos sometidos a vigilancia sanitaria. Esto aceleraría los procesos sin reducir los controles de calidad.
Actualmente, la entidad tiene más de 12.400 trámites pendientes, con corte a mayo de 2026, y muchos gremios farmacéuticos han asegurado que puede tardar más de dos años en aprobar un medicamento.
El proyecto indica que los trámites serían evaluados según el nivel de riesgo. Los productos de menor complejidad podrían acceder a procedimientos diferenciados y simplificados, mientras que aquellos con mayores riesgos serían sometidos a procesos más rigurosos. También se busca que la entidad tenga tiempos de referencia, metas progresivas de reducción del represamiento y también algunos indicadores de cumplimiento que den cuenta del avance en los trámites.
En otro apartado, el proyecto sugiere que el Invima avance en la interoperabilidad de los sistemas, la automatización y el análisis de datos, además del uso de inteligencia artificial (IA) para agilizar procesos. Sin embargo, esta tecnología no reemplazaría al funcionario, sino que su uso se extendería a la farmacovigilancia y otros procesos.