En la tarde de este 17 de septiembre, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tomó la decisión de sacar a Colombia de la Equal Rights Coalition (ERC), una alianza internacional para la protección de los derechos LGBTIQ+, que está conformada por cerca de 43 países y cuya copresidencia era ejercida justamente por España y Colombia para el periodo 2025-2027.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia - Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional- saluda muy atentamente al Comité Ejecutivo de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition) y al Honorable Reino de España, en su capacidad de Copresidente del mecanismo, en la ocasión de informar que el Gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”, indica la carta enviada al comité por parte de la Cancillería.
Tras la polémica suscitada en redes sociales, la Cancillería emitió una declaración, en la que aclaró las razones.
“Colombia tiene un cuerpo muy robusto en materia de derechos protegidos por la Constitución política, políticas públicas y una serie de normativas, así como sentencias de la Corte constitucional que protegen a las minorías por orientación sexual”, aseguró el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa.
Y es que la decisión del Gobierno Nacional ha generado una serie de reacciones en redes sociales. Políticos de distintos sectores se han pronunciado. También lo hizo la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien a través de sus redes rechazó la decisión e hizo una fuerte crítica a la Cancillería.
“Algunos sectores acusan por “ideología de género” a quienes defienden los derechos humanos de las personas al libre desarrollo de la personalidad para elegir su identidad, expresión de género o su orientación sexual y a no ser perseguidos, discriminados o violentados por esta circunstancia. Pero los derechos humanos no pertenecen a ninguna ideología, partido ni expresión política. Son derechos reconocidos constitucional e internacionalmente y el deber del Estado de protegerlos no debe ideologizarse", aseguró.
Indicó que es importante que la Cancillería aclare que esta decisión no representa una posición ideológica con la que tome distancia de su deber constitucional de proteger integralmente los derechos de uno de los grupos sociales más marginados y que mayor violencia sufren: las personas LGBTIQ+.
“Entre 2024 y abril de 2026, la Fiscalía reportó el transfeminicidio de 68 mujeres trans. En 2025 se presentaron, según Medicina Legal, 148 asesinatos de personas LGBTIQ+. La discriminación se vuelve violencia y la violencia genera sufrimiento y puede conllevar hasta al homicidio”, agregó.
