El ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Mora, estuvo en un debate en la Comisión Segunda del Senado en la presentación de oficiales y generales. En ese escenario, denunció que la administración del expresidente Gustavo Petro no habría comprado unos sistemas antidrones que eran necesarios para el país.
“Ahí lo que hubo fue un turismo burocrático que se puede observar en las gráficas. Uno dice: ¿hasta dónde se puede llegar y jugar con la vida de nuestros soldados y policías de la patria de esa manera?”, aseguró el ministro de Defensa.
Mora afirmó que el Escudo Antidrones fue un ejemplo de eso. “Yo lo denominé despliegue burocrático”, afirmó.

Según detalló, funcionarios de la anterior administración recorrieron 12 países en 3 continentes y evaluaron 22 empresas extranjeras para anunciarle al país a través de los medios un “megaproyecto” de 6,2 billones de pesos.
“El resultado real que encontraron al asumir el Ministerio fue cero soluciones viables. Lo que obligó al cierre técnico de ese proceso mediante una resolución que sacamos el 14 de agosto”, dijo el ministro.
Según el balance que les entregaron, se registra un 0 % de ejecución presupuestal y 0 pesos apropiados de los recursos que se habían anunciado para ese propósito.
El ministro dijo que el 31 de marzo de 2026 se expidió una circular que “bloqueó la compra directa de los sistemas antidrones para poder alimentar el escudo antidron que jamás se concretó”.

El funcionario del Gobierno agregó que gracias a esto las unidades no pudieron comprar inhibidores durante este tiempo, lo que habría permitido que los grupos armados ilegales se fortalecieran en tecnología y adquisición porque pudieron acceder a estos productos de manera irregular.
En su intervención, el ministro también se refirió al porte de armas y dijo que el Estado “no puede seguir cercenando el derecho fundamental de los ciudadanos de bien a la legítima defensa”.
“Cuando en cualquier momento y cualquier esquina puede estar en peligro inminente su vida y la de su familia”, afirmó el ministro.
Mora dijo que no adelantar esta idea podría terminar afectando a las víctimas de estos delitos mientras que los criminales siguen haciendo de las suyas.
“No se trata de un cheque en blanco ni de un modelo de armas, corregimos una anomalía jurídica. La seguridad en Colombia es un bien en común y el Estado no puede seguir cercenando el derecho fundamental de los ciudadanos de bien a la legítima defensa de su vida, de su familia y de su patrimonio”, afirmó.
