La senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, presentó una denuncia pública sobre lo que calificó como un “fondo paralelo” adscrito al Ministerio de Igualdad, que, según sus investigaciones, habría sido utilizado para “contratar a dedo”, por derecho privado, a miles de personas y operadores logísticos en la antesala de las elecciones de 2026.
ATENCIÓN. El Fondo paralelo de MinIgualdad, que contrata a dedo por derecho privado, gastó $70.582 millones en 4 contratos con Laborando S.A.S. (empresa de servicios temporales) para vincular a más de 3.304 personas desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026. Justo durante las… pic.twitter.com/Nrh1FzXof3
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 6, 2026
De acuerdo con Valencia, el fondo vinculado a MinIgualdad firmó cuatro contratos con la empresa Laborando S. A. S. por un valor total de $70.582 millones, destinados a la contratación de al menos 3.304 trabajadores temporales entre septiembre de 2025 y mayo de 2026.
La distribución reportada incluye 3.146 personas para el programa Jóvenes en Paz, 158 para el Sistema de Violencia Basada en Género y un número indeterminado de contratistas para la gestión operativa del fondo y el programa Agua es Vida.
Valencia advirtió que la cifra de temporales podría ser mucho mayor, ya que dos de los cuatro contratos no especifican el número de personas a vincular, lo que permitiría ampliar la contratación sin un tope definido. Según sus cálculos, esta nómina paralela representaría un crecimiento del 493 % frente a la planta del Ministerio.
La candidata contrastó estos gastos con la ejecución presupuestal de MinIgualdad. Mientras el Ministerio destinó $56.195 millones entre enero y noviembre de 2025 para cubrir toda su nómina, el fondo habría comprometido $70.582 millones en solo seis meses, es decir, un 125 % más que lo ejecutado por la entidad en diez meses.
La denuncia también incluye dos contratos de operadores logísticos para la realización de eventos por $68.949 millones, firmados por el fondo y no por el Ministerio, lo que, según Valencia, buscó evadir la Ley 80 y evitar procesos de licitación.
En estos contratos se pactaron anticipos del 20 % y del 30 %, equivalentes a $11.000 millones y $4.184 millones, respectivamente.
Finalmente, la senadora cuestionó que en el Secop no aparezcan facturas, informes de supervisión, anexos técnicos ni propuestas de los contratistas. Para Valencia, el caso refleja un grave caso de “oscurantismo” en el manejo de los recursos y lo que considera un derroche del dinero de los colombianos en burocracia y contratación opaca.