Al Consejo de Estado ya han llegado varias demandas que piden frenar el polémico decreto que expidió el Gobierno nacional en las últimas horas para trasladar a millones de pacientes a la Nueva EPS.
Una de ellas fue interpuesta por el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, quien radicó una solicitud ante el alto tribunal un recurso para que se frene el decreto expedido por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
“Le hemos pedido a ese tribunal que suspenda preventivamente el Decreto 0182 por medio del cual el ministro pretende, en medio de la crisis que está viviendo Nueva EPS, intervenida por el Gobierno desde hace dos años, trasladarle forzosamente 2,6 millones de pacientes nuevos, algunos de ellos en EPS que están mucho mejor que la Nueva EPS, como Sanitas o Sura”, aseguró Forero.
El representante dijo que no permitirá que Jaramillo se siga sobrepasando al Congreso y las altas cortes, pues considera que se estaría saltando las decisiones de estas ramas del poder.
Por otro lado, Forero anunció que radicó una solicitud de apertura de incidente de desacato por la decisión que tomó Jaramillo de revivir el polémico decreto.
Otra de las que presentó un recurso similar fue la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien también señaló que ya presentó una demanda contra ese decreto.
“He demandado el Decreto 0182 porque, primero, establece el traslado automático de afiliados a otras EPS incluidas entidades ampliamente cuestionadas como la Nueva EPS sin consentimiento previo, afectando el derecho fundamental a la libre escogencia”, aseguró Miranda.
Otra de las razones por las que presentó esta solicitud para tumbar el decreto es porque considera que se estaría poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos de pacientes con cáncer, enfermedades renales, huérfanas, trasplantes, entre otros de alta complejidad que cuando son interrumpidos pueden causar estragos en el paciente y su tratamiento.
“Permite traslados masivos sin que existan garantías públicas y claras sobre la capacidad operativa y financiera de las EPS receptoras. Impone límites territoriales que pueden concentrar el aseguramiento en pocas EPS reduciendo la competencia y afectando la calidad del servicio”, dijo la candidata al Senado.
Igualmente, considera que no se acreditaría de manera suficiente que la medida cumpla con los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad cuando se afectan derechos fundamentales.
Miranda cree que esto podría generar más complicaciones en la entrega de los medicamentos o procedimientos que ya estén en curso. “La organización del sistema de salud debe estar sustentada en estudios técnicos, verificables y garantizar los derechos de todos los afiliados. Esta demanda busca proteger la libre escogencia y la continuidad de la atención y el derecho fundamental a la salud”, agregó.