En un trino, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre las amenazas que ha recibido la directora del ICBF, María Carolina Restrepo.
“Rechazo de manera categórica las amenazas contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora María Carolina Restrepo. Ella está combatiendo la corrupción y no voy a permitir que los intentos de intimidación frenen su labor”, dijo.
“La doctora Restrepo cuenta con todo mi respaldo. Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el tigre. ¡Vamos por todos los corruptos que se roban los recursos del ICBF y les arrebatan a nuestros niños su bienestar y su futuro! Tendrán que responder ante la justicia. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!“, agregó.
La funcionaria denunció ante la Fiscalía el hostigamiento del que ha sido víctima en redes sociales. El caso llegó al búnker el 1 de octubre. Los hechos ocurrieron después del debate sobre el presupuesto, en el que la funcionaria tuvo un cruce con el congresista Duvalier Sánchez, a quien acusó de publicar videos editados de su intervención. Los perfiles en cuestión son Andrés Pérez Obando, en Facebook; Amalia Andrade A. y Shibussan en X, entre otros.
“Estas dos publicaciones son distintas de la crítica o del insulto. En ellas se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente. Esa información, difundida ante miles de usuarios en medio de una reacción hostil, me lleva a temer por mi seguridad”, aseguró Restrepo.
Desde que el Gobierno De La Espriella llegó al poder, se han revelado entramados de corrupción en diferentes entidades. El ICBF ha sido una de ellas.
En el Libro de la Verdad, presentado por el Gobierno sobre lo que recibió, por ejemplo, se evidenció cómo se hicieron “66 resoluciones de nombramiento en provisionalidad expedidas entre el 2 y el 8 de julio de 2026, todas ellas suscritas por la Secretaría General de la entidad”.
“El estudio de los actos administrativos evidenció que las resoluciones presentaban motivaciones sustancialmente idénticas y no incorporaban un análisis individualizado y particular (como ordena el deber) sobre las razones que justificaran cada uno de los nombramientos en provisionalidad. Por consiguiente, no era posible establecer la valoración realizada frente a las hojas de vida de los designados, o los criterios específicos que sustentaban cada decisión”, agregó.
“Las decisiones relacionadas con el ingreso al servicio público exigen un alto nivel de motivación y transparencia, especialmente cuando se adoptan durante períodos de transición institucional. Por virtud de este caso se hizo indispensable trasladar a las autoridades competentes una serie de actuaciones que, por sus características, ameritaban un examen detallado desde la perspectiva disciplinaria y fiscal”, concluyó.