Mientras las víctimas por las Farc coincidieron en aplaudir la propuesta del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, de quitarle a la Justicia Especial para la Paz 100.000 millones de pesos de presupuesto, Rodrigo Lodoño, conocido como Timochenko, alzó su voz de protesta y rechazo.
En un comunicado de prensa divulgado en la tarde de este sábado, 19 de septiembre, el excomandante guerrillero dijo que los firmantes de paz decidieron apostarle a la palabra y a la particiación política por encima de las armas. Por eso- según él- suscribieron el acuerdo final de paz, en 2016.
“Comparecimos ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz y hemos asumido con seriedad la responsabilidad que nos corresponde ante el país y el mundo. Hoy, como alta parte contratante del acuerdo, me veo en la obligación de alzar la voz frente a lo que considero un ataque directo contra el acuerdo de paz”, dijo.
Afirmó que la JEP “no es un capricho ni una concesión a las extintas Farc: es el órgano de cierre jurídico del conflicto armado colombiano para todos los actores que se sometan a ella. Es la institución que hace posible que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición dejen de ser enunciados y se conviertan en hechos concretos”.
La Jurisdicción Especial para la Paz, según Rodrigo Londoño, no es perfecta. “Y se ha alejado de muchos de los principios sobre los cuales fue creada, pero constituye la garantía para las víctimas y los comparencientes, de que este país eligió la justicia restaurativa por encima de la venganza y de la guerra eterna”.
Por eso, afirmó, “si el propósito de quienes hoy gobiernan es acabar con la JEP, que lo manifiesten de forma directa y que asuman las consecuencias políticas, jurídicas e internacionales que de ello se deriven. No podemos aceptar la muerte lenta por asfixia de esta institución, el desmantelamiento disfrazado de ajuste presupuestal, ni la estrategia de hacerla inoperante para impedir que culmine la tarea que el país y la comunidad internacional le encomendaron”.
Rodrigo Londoño dejó claro que no están pidiendo “privilegios o consesiones”.
Y manifestó que es consciente de lo que esconde lo que llama una maniobra: “llevarnos ante la justicia ordinaria, no como sujeros de un proceso de justicia transicional basados en compromisos de verdad y reparación. Quieren despojarnos de nuestras garantías, impedirnos decir la verdad y reparar a las víctimas en los térnos en que nos comprometimos a hacelro, y exponernos en un país donde más de 500 firmantes de paz han sido asesinados en el camino”.
Finalmente, envió un último mensaje: “A quienes hoy insisten en debilitar a la JEP les recordamos que lo que se acordó, se cumple. Y que quienes comparecemos ante esta jurisdicción seguiremos exigiendo que se le permita culminar su tarea, pues de ello depende no solo nuestro futuro sino el de miles de víctimas que aún esperan verdad, justicia y reparación”.
Mientras Londoño respalda a la JEP, el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, anuncia que acudirá a la Corte Penal Internacional para exponer el interés del gobierno de Colombia de recortar el presupuesto del tribunal en 100.000 millones de pesos.