Hablar hoy de inclusión en salud exige trascender la discusión habitual sobre la responsabilidad de los Estados y la corresponsabilidad de los actores privados. La verdadera inclusión requiere apelar a la corresponsabilidad de la totalidad de los actores del sistema, un grupo en el que los propios usuarios juegan un papel determinante.
En un entorno marcado por la narrativa digital y la hiperdigitalización —donde convergen el exceso de información y de consumo con una alarmante ausencia de datos verificados y verificables—, resulta indispensable abordar la capacidad de autogestión de las personas sobre su propia salud.
No se trata únicamente de apelar a la conciencia individual, sino de entregar herramientas concretas que el usuario aprenda a utilizar para tomar decisiones fundamentadas en información real y rigurosa.
Esta dimensión del problema la respalda la evidencia global. Los hallazgos de la Fase 3 del Health Inclusivity Index, elaborado por Economist Impact y Haleon, demuestran que la baja alfabetización en salud no es solo una brecha educativa, sino un obstáculo estructural con un impacto directo en la sostenibilidad del sistema.
A nivel global, reducir en un 25% la baja alfabetización en salud generaría ahorros anuales cercanos a los 303.000 millones de dólares, impulsados por la disminución de consultas de urgencia evitables y el uso ineficiente de medicamentos.
En la práctica, los costos de atención médica llegan a triplicarse en poblaciones con bajas competencias de autocuidado e información. Garantizar la inclusión, por lo tanto, no consiste solo en abrir la puerta de un centro de salud; implica capacitar al usuario para que sepa qué hacer antes de necesitar traspasar esa puerta.
Bajo este panorama, la responsabilidad de los actores del sistema no se agota en la simple producción y difusión de información; es imprescindible diseñar e implementar herramientas efectivas que no solo pongan el conocimiento al alcance de las personas, sino que las capaciten en su uso crítico y reflexivo. Educar en salud en la era digital significa enseñar a discernir entre la evidencia y el ruido.
Iniciativas como el Índice de Inclusión en Salud se convierten en insumos de alto valor cuando se traducen al lenguaje cotidiano del ciudadano. Este tipo de marcos conceptuales y diagnósticos no deben quedar relegados a los escritorios técnicos ni a las cúpulas corporativas; deben transformarse en instrumentos prácticos para que el usuario entienda cómo operan los determinantes de su bienestar y qué decisiones están en sus manos.
Sin embargo, democratizar esta información y llevarla al plano masivo resulta inviable sin la articulación con amplificadores de información verificada y verificable. Su rol es estratégico para extender el alcance de la evidencia verificada, combatir la desinformación en salud -tan común hoy en las redes sociales- y tender un puente riguroso entre la investigación técnica y la vida cotidiana de las personas.
La radiografía económica para Colombia: el costo de no prevenir
Al aterrizar los hallazgos de la Fase 3 del Índice de Inclusión en Salud en la realidad colombiana, las cifras se convierten en un diagnóstico financiero y social contundente. El estudio demuestra que la falta de prevención primaria y la baja alfabetización sanitaria le están costando al país billones de pesos en gasto público y en pérdida de productividad laboral.
En primer lugar, el estudio señala que reducir en un 25 % la prevalencia de la baja alfabetización en salud en Colombia generaría un retorno o ahorro anual de 9,4 billones de pesos (unos 2.200 millones de dólares). La capacidad de las personas para entender y gestionar sus condiciones de salud cotidianas se traduce en un uso más eficiente de los recursos del sistema.
En el ámbito de la salud bucodental, las repercusiones son igualmente masivas. Mejorar la atención y la prevención de la caries en toda la población colombiana permitiría ahorrar 8,6 billones de pesos (2.100 millones de dólares) en costos asociados a lo largo de la vida, una cifra que podría elevarse hasta los 15,7 billones de pesos (3.800 millones de dólares) si las intervenciones públicas y privadas se orientaran de manera focalizada según las necesidades específicas de las comunidades más vulnerables.
Asimismo, abordar de forma oportuna la enfermedad periodontal tendría un efecto directo en el control de enfermedades crónicas: un tratamiento eficaz de la salud de las encías evitaría gastos por 5,1 billones de pesos (1.200 millones de dólares) relacionados con la diabetes tipo 2 en un horizonte de 10 años.
Las brechas en nutrición y entorno ambiental agregan capas adicionales a esta carga. Por un lado, reducir la anemia en mujeres en edad reproductiva mediante la atención a la deficiencia de micronutrientes representaría un beneficio de 1,4 billones de pesos (340 millones de dólares) al año. Por el otro, en materia de determinantes ambientales, el informe estima que alcanzar los niveles de calidad del aire recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) le aportaría a la economía colombiana 3.509,75 billones de pesos al año al disminuir la incidencia de patologías respiratorias y cardiovasculares.
En cuanto a los trastornos musculoesqueléticos —un espectro que abarca la osteoartritis, la artritis reumatoide y las dolencias de columna—, el estudio los identifica como la principal causa de discapacidad en Colombia y los responsables del 28 % de las bajas laborales por enfermedad.
La dimensión de este problema la marcan la lumbalgia y la cervicalgia: el dolor lumbar se consolida como la primera causa de discapacidad en el país, afectando a 4,3 millones de personas, mientras que el dolor cervical aqueja a 1,3 millones de colombianos. Esta realidad implica que la carga económica anual del dolor lumbar y cervical recurrente en Colombia asciende a 2,1 billones de pesos (497 millones de dólares) en mujeres, y a 1,4 billones de pesos (340 millones de dólares) en personas mayores.
Ampliar el acceso a prevención secundaria como ejercicio, educación y rehabilitación supondría un ahorro anual de 947.000 millones de pesos (227 millones de dólares) para las mujeres y de 648.000 millones de pesos (155 millones de dólares) para los adultos mayores.
A esta sobrecarga se suma el impacto de la osteoporosis en la población mayor, cuya carga económica anual alcanza los 2,1 billones de pesos. El informe revela que las fracturas de cadera y de columna vertebral en personas de 50 años o más representan un costo cercano a los 2.100 millones de pesos al año por mortalidad prematura, gastos directos de salud y pérdida de productividad. Optimizar el proceso de atención, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis permitiría reducir estas lesiones y generar un ahorro anual de 903.000 millones de pesos.
En conjunto, fomentar la salud ósea para prevenir la osteoporosis y sus fracturas asociadas se traduciría en un ahorro directo de 462.000 millones de pesos (111 millones de dólares) al año.
A estas cifras físicas y estructurales se suma una proyección crítica en el ámbito metabólico: para 2030, se prevé que casi el 30 % de los adultos en Colombia padezca obesidad. Este panorama pone de relieve la urgente necesidad de adoptar medidas específicas de prevención primaria que promuevan mejores hábitos alimenticios y actividad física regular, estrategias que no solo impactan la calidad de vida de las personas, sino que reducen sustancialmente la presión y los costos asistenciales que hoy sobrecargan al sistema de salud.
Las herramientas para el usuario
Para dimensionar el alcance de estos hallazgos, resulta indispensable analizar el contexto temporal en el que se construyó el estudio.
El Índice de Inclusión en Salud impulsado por Haleon comprende diversas etapas de investigación, cuya primera fase se puso en marcha en el año 2022, un momento en el que el mundo apenas comenzaba a asimilar los efectos de la pandemia de covid-19.
Frente al peso que la crisis sanitaria global pudo haber tenido sobre la percepción pública del bienestar y la atención médica, la evidencia del estudio arrojó un matiz revelador.
En conversación con este medio de comunicación, Antonio Hernández Villareal, gerente general para la región andina de Haleon, precisó que el impacto directo de la coyuntura pandémica fue evaluado detenidamente dentro de la metodología de la investigación. Sin embargo, el análisis confirmó que este evento no generó una distorsión o sesgo atípico que alterara la tendencia general de los resultados.
Lo que el índice terminó por visibilizar no fueron las secuelas coyunturales de un virus, sino las fallas estructurales que ya arrastraban los sistemas de salud a escala global. La falta de alfabetización sanitaria, la brecha en el acceso a la prevención y la sobrecarga de los servicios de urgencias eran dinámicas arraigadas mucho antes de la emergencia internacional. La pandemia funcionó como un espejo, pero los desafíos en inclusión y autogestión de la salud responden a barreras de fondo que requieren reformas de largo plazo y una verdadera pedagogía social.
Un segundo eje clave abordado fue el rol central que se le otorga al empoderamiento del ciudadano en la autogestión de su bienestar. Este medio le cuestionó al directivo hasta qué punto es viable exigir o esperar una autogestión efectiva del usuario sin asegurar de manera previa las condiciones y herramientas para ejercerla. Porque en la práctica, la capacidad individual de cuidar de la propia salud es directamente proporcional a los instrumentos con los que se cuenta; sin herramientas claras, accesibles y aplicables, el empoderamiento se queda en una meta teórica y la cadena de autocuidado pierde toda eficacia.
El vocero consideró que, en efecto, la voluntad individual es insuficiente si no va acompañada de insumos concretos y, sobre todo, de conocimiento aplicable. Desde la perspectiva de la compañía, la publicación y democratización del Índice de Inclusión en Salud constituye una primera contribución en materia de información verificada dentro de su radio de acción. No obstante, el propio directivo reconoció que este tipo de iniciativas representa solo una fracción de la respuesta.
El suministro de las herramientas operativas, los diagnósticos oportunos y la infraestructura pedagógica que requiere un paciente recae, de forma ineludible, en la acción articulada de los demás componentes del ecosistema: los Estados, las entidades e instituciones prestadoras de servicios de salud (EPS e IPS), las aseguradoras y la academia.
La autogestión no exime a los actores institucionales de sus obligaciones; por el contrario, los desafía a proveer la capacidad técnica y educativa para que las decisiones cotidianas de las personas se traduzcan en mejores indicadores de salud pública.
Autogestión vs. automedicación: el límite ético
En este punto surge un límite crítico que no puede pasarse por alto: la delgada línea que separa la autogestión informada de la automedicación irresponsable.
Entregarle herramientas y conocimiento al usuario no significa transferirle la facultad de diagnosticar o prescribir, sino capacitarlo para identificar cuándo un malestar cotidiano —como un síntoma gripal común— puede ser gestionado en casa con medidas básicas y en qué momento preciso la persistencia o severidad de los síntomas exige acudir a un centro de atención médica o a una sala de urgencias.
Cruzar esa frontera implica asumir un riesgo elevado, alimentado por una práctica recurrente en contextos como el colombiano: el acceso indiscriminado a medicamentos sin fórmula médica y la orientación farmacológica inadecuada.
En el ecosistema local, no es menor el papel que juegan ciertas farmacias y regentes de farmacia que sobrepasan su rol técnico y recomiendan esquemas terapéuticos para los cuales no están facultados, desvirtuando el principio básico del autocuidado.
En la conversación con el directivo de Haleon, el ejemplo puesto sobre la mesa para ilustrar este fenómeno fue el uso sistemático e injustificado de antibióticos para tratar cuadros virales o gripes comunes.
Esta mala práctica no solo resulta ineficaz contra los virus, sino que acelera la resistencia antimicrobiana —un problema de salud pública de escala global— y satura innecesariamente los servicios de salud cuando derivan en complicaciones.
Este hallazgo conecta directamente con los indicadores del Índice de Inclusión en Salud: una verdadera alfabetización sanitaria no consiste únicamente en saber qué tomar, sino en comprender qué no debe tomarse sin supervisión profesional. La autogestión efectiva debe actuar como un filtro para descongestionar el sistema, no como una puerta de entrada al uso inadecuado de medicamentos.
Para que este modelo de autogestión no se degenere en automedicación ni se diluya en intenciones aisladas, se requiere un esfuerzo de articulación estructural que comience desde la base pedagógica.
La capacidad de tomar decisiones informadas sobre el cuerpo y la salud no surge de manera espontánea en la adultez; es una competencia que debe cultivarse desde la educación primaria en el hogar y en las aulas de clase, enseñando a las nuevas generaciones a diferenciar información científica de mitos urbanos, a comprender el funcionamiento básico del organismo y a respetar los límites de la atención primaria.
Esta alfabetización inicial debe empalmarse con la gestión efectiva e integradora de las entidades prestadoras de salud en general. No basta con esperar a que el usuario llegue a una consulta cuando la condición ya se ha agravado; las instituciones del sistema deben asumir un rol activo en la promoción del autocuidado responsable, habilitando canales de consulta oportunos, programas de educación continua para pacientes y guías claras de orientación farmacéutica que frenen las malas prácticas en los puntos de dispensación.
Al final, lo que deja ver el Índice de Inclusión en Salud —y lo que se vuelve evidente al revisar la realidad en Colombia— es que seguir esperando que el Estado o un hospital resuelvan solos la crisis de la salud es ya una ilusión.
La inclusión verdadera empieza cuando se entiende que el cuidado cotidiano nos toca a todos: al ciudadano que aprende a informarse con rigor y a no correr por un antibiótico ante cualquier gripe; a la familia y a la escuela que educan en prevención desde temprano; a las farmacias que deben actuar con ética; a las instituciones que tienen la obligación de entregar herramientas claras y no solo discursos.
Si no se articula esa cadena de corresponsabilidad, la autogestión seguirá siendo una buena intención atrapada entre la desinformación y las salas de urgencias llenas, mientras el costo, en vidas y en recursos, lo siguen pagando todos por igual.