SEMANA se puso en contacto con el bioeticista e investigador Ricardo Roa Castellanos. En una entrevista con el doctor, se detallaron los peligros éticos, sociales y médicos de la Resolución 813 de 2026, la cual amplía el acceso a la eutanasia en Colombia a pacientes con “condiciones de salud extremas”, o sea que ya no solo los pacientes terminales tendrán acceso a este procedimiento.
Durante la entrevista, el investigador y actual director del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos expuso amplias reservas frente a este profundo cambio de paradigma.
Un giro en la ética médica y la autonomía
Para el académico, esta reglamentación representa un fenómeno de “incrementalismo” dentro de las políticas públicas, un concepto que define cómo las medidas estatales aumentan gradualmente su radio de acción con el paso del tiempo.
Al flexibilizar los requisitos para procedimientos como el suicidio asistido o la eutanasia, el experto advierte un choque inminente con los fundamentos de la medicina. El especialista argumenta que ofrecer la muerte como una solución a los padecimientos se aleja drásticamente del actuar terapéutico clásico y de las humanidades médicas que buscan preservar la vida.
El investigador señala que justificar esta normativa bajo el concepto de la libertad individual resulta contradictorio, ya que la libertad como valor social exige el respeto por la existencia propia y ajena.
Aunque la reglamentación se ampara en la autonomía del paciente para tomar decisiones sobre su cuerpo, Roa Castellanos enfatiza que validar la muerte anticipada como una respuesta médica no siempre se traduce en un bien genuino para la persona afectada.
Salud mental y el riesgo para las poblaciones vulnerables
Uno de los puntos que genera mayor controversia frente a la resolución es la puerta que se abre para aplicar el procedimiento a ciudadanos con trastornos mentales graves. El médico virólogo considera que, gracias a los constantes avances de la ciencia, el concepto de “paciente desahuciado” ha perdido validez técnica.
En medio de un declive global de la salud mental y un aumento en las tasas de depresión, el experto considera alarmante que se facilite el fin de la vida en lugar de fortalecer las redes de apoyo familiar y psiquiátrico.
Para ilustrar este riesgo, recordó casos recientes en Europa donde jóvenes con cuadros depresivos severos, derivados de traumas externos, han accedido a la eutanasia con el aval estatal.
Para varios bioeticistas internacionales, esto representa un fracaso directo del sistema asistencial. Además, subraya que la sociedad actual atraviesa concepciones misántropas y catastrofistas que restan valor a la vida humana.
Ante las circunstancias de dolor físico, psíquico o material, existe el enorme riesgo de que la eutanasia se convierta en una respuesta facilitada frente a problemas de origen netamente social, como la pobreza.
Objeción de conciencia y decisiones en manos de terceros
La resolución de 2026 también aborda la adecuación de los esfuerzos terapéuticos para evitar la obstinación médica. Sobre este apartado, el investigador aclara que este criterio de prudencia ya existía dentro de la ética profesional.
Los médicos siempre han debido medir sus esfuerzos para no caer en la negligencia ni prolongar el sufrimiento de forma artificial, pero esto no equivale a propiciar la muerte de forma activa.
Frente al nuevo rol del personal de salud, el académico reconoce que el talento humano está plenamente capacitado en términos farmacológicos para realizar estos procedimientos.
Sin embargo, advierte sobre el choque moral y legal que esto supone frente al Juramento Hipocrático. Ante este panorama, la objeción de conciencia se consolida como una herramienta constitucional vital para aquellos médicos que se nieguen a aplicar la norma.
Otro aspecto que genera alerta en el gremio es la inclusión de figuras como los “apoyos interpretativos” y el “consentimiento sustituto”. La delegación de decisiones de vida o muerte en terceros ajenos restringe profundamente la libre voluntad tanto de los pacientes vulnerables como de los médicos tratantes.
Según el análisis del experto, la relación clínica terminará intervenida por factores administrativos que desdibujan el objetivo central de cuidar al paciente.
Al finalizar, Roa-Castellanos hizo un llamado a las instituciones científicas para mantener una postura crítica frente a estas reglamentaciones, recordando que sin un debate público amplio, es imposible construir un consenso social y ético válido.