La Federación Médica Venezolana (FMV) expresó su preocupación por la posibilidad de que en Colombia se homologuen los títulos de los llamados médicos integrales comunitarios (MIC), preparados en el vecino país.
En conversación con NTN24, el presidente de la FMV, Douglas León Natera, advirtió los riesgos que corre Colombia de convalidar a los médicos integrales comunitarios, iniciativa para la que se han adelantado dos mesas técnicas de trabajo en el Congreso de la República.
“En Venezuela se ha comparado a los médicos comunitarios con algunos técnicos cuando ni siquiera llegan a la categoría de enfermeros”, comentó.
Según León Natera, los médicos integrales comunitarios no están capacitados para desempeñarse como galenos en Colombia, dado que la mayoría de ellos “solo estudio por internet”.
En diálogo con el noticiero internacional en mención, agregó: “Ellos tuvieron una formación deficiente. Son más de 30.000 médicos que se estarían graduando (...). No tienen la suficiente acreditación y formación para ejercer medicina en cualquier parte del mundo”.
El porqué de la polémica con los médicos integrales comunitarios
La formación de estos médicos venezolanos ya había sido cuestionada en el vecino país, ya que la idea fue creada por Hugo Chávez como una política del Estado venezolano para la formación de médicos orientados en la medicina preventiva y en la atención primaria de salud, llamada Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria.
La oposición de Venezuela denunció en reiteradas oportunidades que estos médicos no estaban bien formados, debido a que la formación académica la coordinaba el régimen chavista con la Misión Médica Cubana, el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Salud.
El plan de estudio de los denominados médicos integrales comunitarios de Venezuela es de 4 años de duración, a diferencia de los médicos formados en las universidades públicas venezolanas, que deben estudiar 6 años y luego realizar algún tipo de especialización que puede durar tres años.
Esta política pública de educación se creó formalmente por medio de una resolución expedida en octubre de 2008, que decía: “Los y las profesionales legalmente autorizados y autorizadas para el ejercicio de la medicina son los Doctores y Doctoras en Ciencias Médicas, los Médicos Cirujanos, Médicas Cirujanas, Médicos Integrales Comunitarios y Médicas Integrales Comunitarias”.
En cuanto a las aptitudes de los médicos integrales comunitarios, la Universidad Bolivariana de Venezuela dice que pueden desempeñarse en:
“Consultorios Populares de Barrio Adentro, Centros Médicos de Diagnóstico Integral, Centros Médicos de Alta Tecnología, Servicios de Rehabilitación Integral, Ambulatorios, Hospitales y otras instituciones dedicadas a la salud”.
Los reparos del Colegio Médico Colombiano
El temor por la acreditación de los médicos integrales comunitarios ya había sido advertido por el Colegio Médico Colombiano, que argumentó lo mismo que desde la Federación Médica Venezolana (FMV): la falta de preparación.
“El peligro a que nos referimos está relacionado al hecho, cierto también, de que la formación académica de los Médicos Integrales Comunitarios es muy deficiente y precaria, dado que sus currículos, lamentablemente, no se compadecen de las altas exigencias formativas y profesionales que requiere un profesional de la medicina”, expuso el Colegio Médico Colombiano a través de una misiva, el pasado 14 de julio.
El Colegio Médico Colombiano dirigió la alerta a la Academia Nacional de Medicina, facultades de ciencias de la salud, sociedades científicas de la salud, demás colegios de profesionales de la salud, Federación Médica Colombiana y sus colegios departamentales, Assosalud, Federación Nacional de Sindicatos Médicos, Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), Acuerdos Fundamentales para la Implementación Integral de la Ley Estatutaria de la Salud, Gobierno nacional (especialmente ministerios de salud y educación), Superintendencia Nacional de Salud, gobernaciones y entidades territoriales de salud, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, profesionales de la salud de Colombia y opinión pública general.