La salud mental dejó de ser un tema exclusivo del consultorio. En Colombia, donde millones de familias han vivido las consecuencias del conflicto armado, el desplazamiento forzado y la migración, también se convirtió en un asunto determinante para el desarrollo de la primera infancia.
Por ello Andrés Moya, director y fundador de Semillas de Apego, programa de la Universidad de los Andes que acompaña a madres, padres y cuidadores de niñas y niños entre los 0 y los 5 años, plantea que el próximo gobierno tiene una responsabilidad inaplazable: hacer que las nuevas leyes sobre salud mental y cuidado se traduzcan en acciones concretas en los territorios.
El llamado cobra especial relevancia porque, por primera vez, Colombia cuenta con un marco normativo que reconoce la importancia de la salud mental de quienes ejercen el cuidado como un componente esencial del desarrollo infantil. Sin embargo, para Moya, el verdadero reto apenas comienza.
“Colombia ha dado pasos normativos importantes para posicionar el cuidado y la salud mental como derechos fundamentales. Creemos que el primer paso es reconocer que no es necesario crear políticas nuevas, sino poner en acción el marco normativo que ya existe”, afirmó.
El reto del próximo gobierno: implementar lo que ya fue aprobado
Para Semillas de Apego, la discusión no pasa por diseñar nuevas estrategias, sino por ejecutar las que ya fueron aprobadas por el país. Moya considera prioritario reglamentar la Ley de Salud Mental, poner en marcha la implementación de la educación socioemocional desde el preescolar y fortalecer la Política Nacional de Cuidado mediante modelos comunitarios de atención psicosocial.
Además, sostiene que estas acciones deben estar respaldadas por recursos suficientes, responsables institucionales claramente definidos y mecanismos de seguimiento que permitan medir no solo la cobertura de los programas, sino también el bienestar emocional de quienes cuidan y la calidad del vínculo con niñas y niños.
El director de Semillas de Apego advierte que seguir aplazando la implementación tendría un costo social considerable. La evidencia recopilada por el programa muestra que la exposición prolongada a contextos adversos, sumada a la ausencia de un cuidado sensible, favorece la aparición del estrés tóxico, un proceso que afecta el desarrollo cerebral y compromete la salud física y mental desde los primeros años de vida.
La prevención sigue siendo la gran deuda
Aunque la evidencia demuestra que fortalecer la salud mental de madres, padres y cuidadores mejora también el bienestar emocional y el comportamiento de niñas y niños, Moya reconoce que la política pública continúa privilegiando la atención de las consecuencias sobre la prevención. “Los gobiernos tienden a priorizar intervenciones cuyos resultados son visibles y de corto plazo, porque son más fáciles de comunicar y de atribuir políticamente. La prevención, en cambio, es invisible por definición. En el caso de la salud mental de cuidadoras y cuidadores, esa invisibilidad se profundiza por el estigma y porque sus efectos solo se hacen evidentes en el mediano y largo plazo”, explicó.
A ello se suman limitaciones estructurales que dificultan ampliar la atención preventiva. Mientras persistan municipios con acceso limitado a servicios de salud mental y continúe la escasez de especialistas en distintas regiones, será más sencillo responder a las crisis que sostener programas comunitarios de largo aliento.
Las secuelas del conflicto también afectan la salud mental
Uno de los principales planteamientos de Moya es que la salud mental no puede seguir entendiéndose únicamente como un problema individual.
Las consecuencias emocionales del conflicto armado, el desplazamiento forzado, la migración y otras expresiones de violencia terminan impactando la capacidad de madres, padres y cuidadores para construir relaciones afectivas seguras con niñas y niños, un vínculo que resulta determinante durante la primera infancia.
“La salud mental de madres, padres y cuidadores no se deteriora en el vacío: se deteriora por la exposición severa al conflicto armado, el desplazamiento o la migración. Fortalecer a quienes cuidan debe entenderse como una estrategia de prevención social, porque cuando se protege su salud mental también se protege directamente el desarrollo de la primera infancia y se contribuye a romper los ciclos de trauma y pobreza”, señaló.
Desde esa perspectiva, plantea que el próximo gobierno debería incorporar la salud mental como un componente estructural de la política social y fortalecer modelos comunitarios allí donde la atención especializada sigue siendo insuficiente.
La articulación entre instituciones será determinante
Después de más de diez años de trabajo en comunidades afectadas por la violencia, Semillas de Apego considera que convertir un modelo exitoso en política pública exige mucho más que ampliar su cobertura.
Para Moya, el proceso requiere tres condiciones esenciales: financiación pública estable que garantice su sostenibilidad, crecimiento sin perder la calidad que ha demostrado la evidencia científica y una articulación efectiva entre entidades como el ICBF, las instituciones educativas y los liderazgos comunitarios.
El director insiste en que las respuestas deben adaptarse a la realidad de cada territorio, pues las necesidades de comunidades afectadas por el conflicto, la migración o el desplazamiento no son homogéneas.
“Una política pública nacional debe entender que Semillas de Apego no es igual en Tumaco, en Cúcuta o en Medellín: cada territorio tiene su historia y los programas sociales no pueden ser ajenos a ella. Muchas de nuestras facilitadoras fueron participantes del programa, lo que confirma que el modelo funciona cuando deja capacidad instalada en las comunidades”, concluyó.
En un año en el que el país discute las prioridades del próximo gobierno, la propuesta de Semillas de Apego pone sobre la mesa una idea respaldada por más de una década de trabajo comunitario: proteger la salud mental de quienes cuidan no solo beneficia a madres, padres y cuidadores, sino que fortalece el desarrollo de niñas y niños y contribuye a prevenir la transmisión intergeneracional de las secuelas del conflicto, la violencia y el desplazamiento.