El 28 de marzo anterior, por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, como presuntos responsables del secuestro y hurto a una mujer, Diana Ospina, en la modalidad conocida como paseo millonario, el pasado 22 de febrero en Bogotá.
Estas dos personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con unidades del Gaula de la Policía Nacional en las localidades de Kennedy y San Cristóbal, en el sur de la ciudad.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la víctima, Diana Ospina, tomó un taxi, conducido por Juan Pablo Gómez, en el sector de Chapinero con destino a su casa. El recorrido fue seguido de cerca por un carro particular en el que se movilizaba un grupo de hombres, del que hacía parte Diego Armando Gómez, que esperó que el taxi se detuviera en el barrio Santa María del Lago para abordarlo violentamente y someter a la pasajera.
Los asaltantes intimidaron permanentemente a la mujer para obligarla a entregar dinero en efectivo y facilitar el acceso a sus cuentas bancarias y otros productos financieros, logrando así apoderarse de 40 millones de pesos.
Luego de más de 40 horas de plagio ilegal, la víctima fue abandonada en la vía que conduce de Bogotá a Choachí, Cundinamarca.
Por estos hechos, una fiscal gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los hermanos Gómez Cardozo los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Los cargos fueron aceptados.
Uno de los hechos más llamativos de este caso fue que el propietario del taxi involucrado en el secuestro de Diana Ospina es el mismo del taxi en el que fue asesinado el profesor Neill Cubides.
En ambos casos se dieron dos “coincidencias”: los taxis utilizados para los ilícitos tenían un mismo dueño y, en ambos casos, un grupo de delincuentes iba custodiando a otro mientras hacían sus fechorías. Sin embargo, mientras Ospina fue arrojada a la vía con vida, el profesor fue asesinado.
Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry, y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo, fueron judicializados por presuntamente ser los responsables en el secuestro, hurto y posterior crimen del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, en hechos ocurridos en Bogotá.
“El docente tomó un taxi en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad, el pasado 15 de enero. Gómez Méndez, al parecer, conducía el vehículo y decidió cambiar la ruta a pocas cuadras de iniciar el recorrido”, detalló el ente investigador.
Las investigaciones realizadas por las autoridades lograron evidenciar la forma en la que el profesor fue abordado por los criminales que terminaron acabando con su vida. “El trayecto era seguido de cerca por un carro particular. Páez Herrera iría al volante, acompañado por Chitiva Henao y Vásquez Rivera, quienes son señalados de bajar del automotor y subir intempestivamente al taxi para intimidar al profesor”, explicó la Fiscalía.
En ese momento, se precisó, estos dos hombres —presuntamente— atacaron a la víctima con armas cortopunzantes y golpes para obligarla a entregar las claves de las tarjetas bancarias. Finalmente, la asfixiaron.
“El cuerpo fue llevado hasta el kilómetro 2 de la vía antigua al Llano, en la vereda Los Soches de la localidad de Usme. Allí lo bajaron y Gómez Méndez le habría rociado gasolina y posteriormente incinerado”, indicó.
Por cuenta de estas coincidencias, Felipe Peláez Reyes, abogado de Diana Ospina, habló con El Debate, de SEMANA. “De ese escenario en particular la Fiscalía no se refirió en la audiencia formulación de imputación, la verdad es que la información que yo tengo desde ese punto de vista es la que ha circulado en los medios de comunicación. La verdad es que yo sí creo que esto tiene que ser una línea investigativa de la Fiscalía”.
La entrevista completa a Felipe Peláez Reyes, abogado de Diana Ospina:
“No estoy señalando de responsabilidad a nadie, pero sí creo que hay que explicar por qué la coincidencia de que —entiendo yo, puede que esté mal informado— tres de los vehículos de su flota se vean involucrados en dos delitos, no solo tan visibles, sino con el mismo modus operandi. Entonces, creo que esto tiene que ser, insisto, una labor investigativa que haga la Fiscalía para establecer de quién se trata, quién es el propietario de estos vehículos, qué filtros de seguridad son los que tiene, porque pues por lo visto, por lo menos si los tiene, está fracasando rotundamente en detrimento de la ciudadanía”, aseveró.
