Un insólito caso ocurrió en Murcia, España, y este mantiene bajo investigación a un veterinario y al dueño de un perro de raza galgo luego de que el animal, declarado oficialmente como muerto, apareciera con vida cuatro días después en otro municipio.
El hecho ha causado sorpresa entre las autoridades y el sector veterinario por las implicaciones legales que podría tener la emisión de un certificado de defunción presuntamente incorrecto.
Según informó la Guardia Civil, el perro había sido registrado como fallecido por causas naturales en el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de la Región de Murcia, conocido como SIAMU.
Sin embargo, pocos días después fue encontrado en el municipio de Totana con signos evidentes de desnutrición y lesiones que serían compatibles con un abandono prolongado.
Tras el hallazgo, el Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, abrió una investigación. El dueño del galgo es investigado por los presuntos delitos de abandono animal y falsedad de documentos, mientras que el veterinario enfrenta una investigación por un presunto delito de falsedad documental relacionado con la certificación de la muerte del perro.
Las autoridades buscan establecer que fue lo que ocurrió realmente y si el certificado fue emitido sin comprobar de manera adecuada el estado del animal. Será la justicia la encargada de determinar si existieron responsabilidades penales o si hubo algún tipo de irregularidad durante el procedimiento.
El caso también ha puesto sobre la mesa la importancia legal de los certificados veterinarios. En España, la Ley 7 de 2023 sobre protección y bienestar animal establece que la muerte de perros, gatos y hurones debe notificarse para actualizar los registros oficiales y garantizar la trazabilidad de cada mascota.
Ese trámite permite cerrar el historial administrativo del animal y evitar inconsistencias en las bases de datos. Por esa razón, la certificación veterinaria debe reflejar con exactitud los hechos observados por el profesional.
Además, el Código Deontológico de la Organización Colegial Veterinaria Española señala que cualquier certificado oficial debe basarse en hecho comprobados personalmente, actuando con independencia, rigor científico y veracidad.
Si la investigación concluye que el documento fue expedido sin verificar correctamente el estado del galgo, además de algunas consecuencias penales podrían darse sanciones disciplinarias dentro del ámbito profesional. Mientras avanza el proceso, el caso se ha convertido en un ejemplo de la relevancia que tienen estos documentos para la protección animal y la confianza en los sistemas oficiales de identificación.