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Una comisión de la Defensoría del Pueblo pudo determinar las condiciones que han tenido que atravesar las comunidades que habitan en el corregimiento Cañas Bravas, población rural ubicada entre los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondón, en el departamento de Arauca. | Foto: GUILLERMO TORRES-semana

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Comunidades en Arauca se encuentran confinadas sin agua, salud ni educación

Una misión de verificación de la Defensoría del Pueblo comprobó una grave situación humanitaria en Arauca por la acción de grupos armados ilegales.

10 de octubre de 2022

Una grave situación humanitaria vive el departamento de Arauca como consecuencia de la acción de grupos armados ilegales, que afecta la movilidad de varias comunidades que se mantienen confinadas.

Así lo advirtió este lunes la Defensoría del Pueblo, que señaló que así quedó evidenciado tras una visita adelantada por una misión de verificación que pudo determinar las condiciones que han tenido que atravesar las comunidades que habitan en el corregimiento Cañas Bravas, población rural ubicada entre los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondón, en el departamento de Arauca.

Según señaló, debido a los enfrentamientos, la población civil se encuentra en un estado de temor y zozobra generalizada.

La entidad señaló que debido a esta situación, al menos 25 familias campesinas están confinadas en sus viviendas, donde también se encuentran niños y adultos mayores; lo mismo ocurre con 170 familias indígenas del pueblo Hitnú que no pueden salir de sus resguardos.

“Esto ha originado el desabastecimiento de los víveres necesarios para su alimentación, la imposibilidad de asistir a citas médicas y adquirir medicamentos, una situación que afecta especialmente a la población de la tercera edad y pone en grave riesgo su derecho a la salud y a la vida”, señaló.

Indicó que la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo entregó medicamentos de primera necesidad a los pobladores de la tercera edad que no habían podido acceder a sus medicinas vitales a causa del confinamiento.

Igualmente, aseguró que el equipo de la Regional “evidenció el nulo acceso a agua potable, la escasa prestación de los servicios de salud y la falta de brigadas médicas al interior de las comunidades, condiciones que podrían ser ocasionadas por el pésimo estado de las vías carreteables y la demora en la adecuación de los accesos al puente construido sobre el río Ele”.

Señaló que la afectación a los bienes civiles y viviendas de los pobladores que quedaron destruidas por el efecto del uso de armas no convencionales, como los tatucos o cilindros bomba, y la posibilidad de que hayan quedado remanentes explosivos después de los enfrentamientos, con grave riesgo para la población civil.

Una misión de verificación de la Defensoría del Pueblo comprobó una grave situación humanitaria en Arauca por la acción de grupos armados ilegales.
Una misión de verificación de la Defensoría del Pueblo comprobó una grave situación humanitaria en Arauca por la acción de grupos armados ilegales. | Foto: Defensoría del Pueblo

Así mismo, hizo un llamado a las autoridades de los municipios aledaños, al corregimiento de Cañas Bravas, especialmente a la administración municipal de Arauquita y a la Gobernación de Arauca, para que “de manera inmediata se preste asistencia humanitaria a esta población, se asignen los recursos necesarios y se implementen estrategias de atención integral a los afectados por las confrontaciones armadas”.

También instó a las organizaciones armadas ilegales dejar por fuera del conflicto a la población civil de la zona, respetar su vida y sus derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo no descartó que debido a las confrontaciones armadas, la situación se pueda extender a otras zonas del departamento, por lo que pidió que se tomen las medidas de prevención necesarias para salvaguardar los derechos de las comunidades de la región.

Afectación en el sector educativo

El organismo indicó que las 13 escuelas rurales y el centro educativo El Tránsito, en Bocas de Ele, permanecen cerradas y la mayoría no cuentan con la infraestructura básica, lo que vulnera el derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes de la zona.

“Actualmente, más de 150 niños, niñas y adolescentes del sector han dejado de asistir a clases ante las confrontaciones armadas, en la que, al parecer, se utilizan armas no convencionales”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Añadió que “esto resulta muy preocupante para la Defensoría del Pueblo, dado que los menores de edad son personas de especial protección y se les debe garantizar sus derechos a la educación, integridad y a la vida”.

Al parecer, los enfrentamientos tienen como propósito controlar el territorio y, con ello, dominar las rutas del narcotráfico. Además, hay quienes afirman que los grupos armados están reclutando menores de edad para tales fines.

“Se han reportado daños a bienes inmuebles; las comunidades sienten temor por la presencia y accionar de los grupos armados ilegales, hay riesgos por minas antipersonal, lo que las ha llevado a confinarse”, dijo.

Y puntualizó señalando que “los niños no están yendo a la escuela y se están acabando los alimentos”.