Este martes, 2 de junio, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que ante un juez de la República le imputaron cargos a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por su presunta participación en un esquema de direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), cuyo valor superó los 91.542 millones de pesos.
De acuerdo con el ente acusador, vinculó a la exgobernadora a la investigación y deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.
Los investigadores pudieron establecer que la entonces gobernadora habría favorecido la designación de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA) como ejecutora de las iniciativas.
“A través del Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, la entonces mandataria designó como ejecutora de las iniciativas, con sus respectivos contratos de interventoría, a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros provenientes de regalías, ni estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior”, explicó la Fiscalía.
La Fiscalía determinó que hubo presuntas irregularidades en la planeación y formulación de los proyectos.
“Adicionalmente, se constató que los proyectos viabilizados no estaban en el plan de desarrollo de la Gobernación de Arauca ni figuraban inscritos en el banco de datos del Fondo Nacional de Regalías”, agregó.
Lo que llamó la atención de las autoridades es que la entonces gobernadora avaló documentación sin tener la aprobación de expertos en el tema.
“Las evidencias también indican que de manera consciente y voluntaria en la fase precontractual y en las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de los proyectos, la entonces gobernadora habría avalado documentos técnicos sin estar soportados por expertos, y en algunos casos expedido certificaciones y decretos con base en documentos falsos o de origen ilegal”, indicó.
También, encontraron unas supuestas irregularidades en los estudios realizados para estos proyectos. “Se advierte que uno de los documentos utilizados sería un estudio topográfico elaborado por una persona fallecida ocho años antes, quien además no tuvo título de topógrafo”, señalaron.
Con estas acciones —dice la Fiscalía— que lograron desviar recursos públicos que debían ser invertidos en las comunidades.
“Con el posible actuar ilegal, la hoy procesada presuntamente favoreció a terceros que se apropiaran de recursos públicos provenientes de regalías por 40.327 millones, representados en sobrecostos, apropiación de tributos territoriales y de altas cuantías significativas de los anticipos”, indicó.
Las pesquisas por parte de la Fiscalía General de la Nación continúan con el fin de determinar más responsabilidades.