La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, envió un mensaje enfático este viernes sobre los problemas de acceso al agua en el país.
En la instalación del Diálogo Constitucional: Derecho al agua, en Barichara (Santander), la magistrada cuestionó a quienes se aprovechan de la necesidad de acceso al agua potable.
“Hemos venido a escuchar el dolor de quienes viven las inclemencias de un Estado que a veces parece una sombra lejana. Nos indigna La Guajira, y lo digo sin matices. Es una vergüenza nacional que en pleno siglo XXI la falta de agua potable sea la excusa para que la corrupción haga un festín con el hambre y la sed de nuestros hermanos wayúu”, enfatizó la presidenta del alto tribunal.
La presidenta de la Corte Constitucional calificó como una "vergüenza nacional" el caso de corrupción de los carrotanques de la UNGRD para La Guajira. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PWfpGujQam
— Revista Semana (@RevistaSemana) April 17, 2026
En su discurso, señaló que este tipo de situaciones afecta a miles de personas con necesidades básicas que han confiado en que el Estado resuelva sus problemáticas.
Meneses habló de problemas de “moral pública, no de falta de recursos o infraestructura” en los casos de corrupción que han impedido que La Guajira tenga acceso al agua.
“Cada carrotanque que se pierde en la burocracia, cada jagüey que se dice recuperado o construido y no existe, es un atentado directo contra la esencia misma de nuestra Constitución”, detalló.
El derecho al agua
En otro apartado, la presidenta de la Corte Constitucional señaló que las restricciones en el acceso al agua potable son un problema persistente en varias regiones del país, por lo que deben adoptarse decisiones de fondo.
Sin mencionar nombres o casos específicos, la magistrada señaló que no se pueden presentar soluciones en foros internacionales cuando la situación interna es crítica.
“No podemos seguir hablando de progreso o de desarrollo económico en los foros internacionales cuando en nuestra propia casa, privilegiada por la naturaleza, el agua se ha convertido en un botín de guerra para los corruptos. La corrupción que trafica con la sed es la forma más baja de violencia contra la dignidad humana”, afirmó.
“Esa misma sombra de olvido recorre varios lugares de nuestro país, donde los pueblos ancestrales y las comunidades rurales ven pasar los ríos frente a sus ojos mientras sus pozos se secan y el agua no llega a sus viviendas. O donde el agua sobra en las nubes, pero falta en los hogares, lo que demuestra que la pobreza en Colombia no es un accidente de la naturaleza, sino el resultado de la desidia”.
La magistrada advirtió la contradicción frente a la riqueza hídrica del país: “La falta de acceso al agua potable es, hoy por hoy, el indicador más cruel de la pobreza en Colombia. Es la frontera invisible que separa a quien puede vivir con dignidad de quien se ve obligado a mendigar por un recurso que la naturaleza nos dio gratuitamente, pero que el sistema le ha negado. Por eso, cuando hablamos de justicia constitucional en estos diálogos, no estamos hablando de otra cosa que de la protección de la vida en su estado más puro. El agua es el derecho que sostiene a todos los demás derechos”.
Por las irregularidades en la celebración y ejecución de este millonario contrato, ya aceptaron cargos el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, y el empresario nariñense Luis Eduardo López Rosero.