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Activista del Centro Democrático demandó decreto de salario mínimo de Petro ante el Consejo de Estado

Josías Fiesco calificó el alza del 23 % como una decisión sin sustento técnico.

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30 de diciembre de 2025, 4:30 p. m.
La acción fue interpuesta por el activista del Centro Democrático, Josias Fiesco.
La acción fue interpuesta por el activista del Centro Democrático, Josias Fiesco. Foto: Archivo Particular / Presidencia de la República

El activista político del Centro Democrático, Josías Fiesco, cuestionó con dureza el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional para 2026, al calificarlo como una medida “irresponsable” que, según dijo, tendrá efectos negativos sobre el empleo y el costo de vida de los colombianos.

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En un video publicado a través de su cuenta de X, Fiesco aseguró que el aumento del 23 %, impulsado por el presidente Gustavo Petro, representa un alivio momentáneo que terminará agravando la situación económica de los trabajadores.

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“Pan para hoy, hambre para mañana”, afirmó, al señalar que el ajuste salarial se traducirá en incrementos generalizados en rubros como el transporte público, los arriendos, las matrículas educativas y la canasta familiar.

El activista de derecha advirtió que el país ya enfrenta altos niveles de informalidad laboral y que la decisión del Ejecutivo podría profundizar esa tendencia.

Gustavo Petro y Josias Fiesco, activista del Centro Democrático.
Gustavo Petro y Josias Fiesco, activista del Centro Democrático. Foto: SEMANA

Según sus cálculos, actualmente seis de cada diez colombianos estarían en la informalidad y, con este aumento, la cifra podría escalar hasta ocho de cada diez trabajadores, afectando especialmente a las micro y pequeñas empresas.

Fiesco también anunció que su equipo jurídico presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto que fija el nuevo salario mínimo. A su juicio, el acto administrativo “carece de toda justificación técnica” y no tuvo en cuenta variables clave como la productividad y la sostenibilidad del empleo formal.

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Finalmente, sostuvo que la medida responde más a una decisión política que a un análisis económico riguroso y reiteró que, en su concepto, el decreto será anulado por la justicia contenciosa administrativa.