En un documento de siete páginas, el Ministerio de Justicia sentó su posición frente a la demanda que estudia actualmente el Consejo de Estado en contra del Decreto 380 de 2021, emitido durante el gobierno de Iván Duque, que avaló la reanudación de las aspiraciones aéreas con glifosato para combatir el auge de los cultivos ilícitos en varias regiones del país.
Para el Ministerio, es menester suspender provisionalmente los efectos de este decreto “debido a que sus disposiciones permiten que se desempeñe una actividad que puede desencadenar daños a la salud y al ambiente”. Situación que estaría contrariando las políticas públicas del actual gobierno.
En este sentido, se considera que en 2023, el gobierno de Gustavo Petro ha implementado una nueva política nacional de drogas que está fijada hasta el año 2033. En uno de sus acápites, titulado ‘Sembrando vidas, desenterrados el narcotráfico’, se suprime el uso de estos químicos.
“Teniendo en cuenta que, en el ordenamiento jurídico colombiano, existen otros mecanismos encaminados a la erradicación de cultivos ilícitos, que resultan menos nocivos”, advierte el concepto enviado al despacho del magistrado Hernando Sánchez, que estudia la demanda presentada por el representante a la Cámara Carlos Adolfo Ardila Espinosa.
Para el Ministerio, la nueva política pública busca cumplir con los mandatos de la Constitución Política de 1991, que fijó la protección de la diversidad e integridad del ambiente, salvaguardar las riquezas naturales del país, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos para así asegurar su desarrollo sostenible, prevenir y controlar los factores del deterioro e imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Con esta premisa se sostiene que el glifosato, según varios estudios citados en el concepto, afecta al medio ambiente y se convierte en un riesgo para los campesinos, por lo que se plantea la necesidad de suspender el uso de este químico.
“Dicha reglamentación no tiene aplicación material alguna, ya que es contraria a la nueva Política Nacional de Drogas de Colombia 2023-2033 (…), existen otros mecanismos encaminados a la erradicación de cultivos ilícitos, que resultan menos nocivos”, sostiene el concepto citando las conclusiones del Consejo Nacional de Estupefacientes del 2015.
En ese momento, se tuvo en cuenta el informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), que catalogó al glifosato como probablemente carcinogénico. El demandante advierte que durante el gobierno de Iván Duque no se tuvieron en cuenta las recomendaciones médicas y varios informes.
La demanda del congresista pide la nulidad toral del Decreto 380 de 12 de abril de 2021, expedido por el presidente de la República, el ministro del Interior, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el ministro de Justicia y del Derecho, el ministro de Defensa Nacional, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el ministro de Salud y Protección Social, la ministra de Educación Nacional, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la subdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública encargada del empleo del despacho del director del Departamento Administrativo de la Función Pública.