Uno de los mayores dolores de cabeza para los contratistas por prestación de servicios es que se tienen que “pasar la vida” presentando documentos y haciendo papeleos para poder recibir el dinero producto de su trabajo.
Si bien los contratos de prestación de servicios en Colombia son una modalidad válida de contratación, en la que una persona desarrolla una labor específica, también se han convertido, en algunas ocasiones, en la manera de evadir el esquema de protección social de los trabajadores o en la forma de contratar sin garantías mínimas que atentan contra la dignidad humana.
Pese a que sobre este tema se han lanzado varias propuestas, una de las más llamativas fue la que enunció el candidato al Senado de la Coalición Centro Esperanza Miguel Samper.
Samper propuso la creación del ‘Contrato público de empleo’, el cual busca que los contratos por prestación de servicios en el Estado se puedan suscribir por términos mayores a un año. De esta manera, se evitaría que quienes estén bajo esta modalidad tengan que pasar al menos un mes sin recibir remuneración y haciendo papeleos cada año.
El proceso para conseguir trabajo en Colombia es un ciclo doloroso. Quiero cambiar esa realidad con iniciativas reales para que vuelva el tiempo de la gente. #El13Vota13 🟢🌻#️⃣1️⃣3️⃣ pic.twitter.com/yXqMS3bHri
— Miguel Samper (@MiguelSamperS) March 4, 2022
“El tiempo que los contratistas del Gobierno dedican a realizar sus cuentas de cobro, le cuestan a los colombianos cerca de 400.000 millones de pesos anuales por horas no laboradas”, dijo el candidato.
El candidato manifestó, además, que el contratista pagaría apenas una parte de la seguridad social. El resto lo asumiría el empleador, es decir, el Estado.
Hace algunos días, el representante a la Cámara, José Daniel López, y la cabeza de lista al Senado por el partido Cambio Radical, David Luna, denunciaron que, según cifras de la Función Pública, en el año 2021 se vincularon en las entidades estatales 112.428 contratistas de prestación de servicios, mientras que solo se vincularon 7.665 empleados de planta. Presentándose una relación de 1 a 15, 1 funcionario por cada 15 contratistas.
“Es una desproporción que deja en evidencia el abuso del sector público con la contratación de personas para asignarles responsabilidades que le permita a cada entidad funcionar y cumplir con los objetivos misionales. Tienen una especie de nómina paralela conformada por contratistas a los que le dan obligaciones de funcionarios, pero trato de prestadores de servicios”, afirmaron López y Luna.
